Las campañas electorales son propicias para decir muchas exageraciones. Parece que todo está permitido. Se trata de movilizar los bajos instintos de los individuos para eliminar, dicho sea metafóricamente, al adversario. No se pretende tanto atraer votantes a un partido cuanto alimentar el odio contra los adversarios. El resentimiento prima sobre la generosidad, la barbarie sobre la civilización y, en fin, el insulto prevalece sobre la crítica justificada. La política genuina, o sea, la creación de vínculos entre los ciudadanos desaparece y, en su lugar, se instala la ley de la selva. Se pueden decir las mayores atrocidades sin que nadie se dé por aludido.
Sin embargo, reconozco que algunas de esas exageraciones contienen grandes verdades. Por ejemplo, es no sólo comprensible que se pida la ilegalización de Bildu, sino que también es muy conveniente recordarlo para que los españoles sepan que este partido, antes llamado Sortu, Herri Batasuna, en fin, ETA, es un socio importante de Pedro Sánchez. ¡Que ya no es violento! No lo sé. Pero no subestimemos al enemigo. Creo que la fuerza es el estímulo clave de esta formación política. La coacción, la violencia y la extorsión de los adversarios políticos siguen siendo los componentes principales del eje político de un partido como Bildu. Por algo es el heredero de ETA.
Sí, sí, Bildu no aspira a otra cosa que no sea destruir la nación española. Se parece como una gota de agua a otra al resto de formaciones políticas que desean la desaparición de España. ¿O acaso existe algún objetivo más violento que pretender destruir lo que te da vida? Bildu es una formación política con un objetivo preciso: acabar con España y construir la gran nación Vasca. Es, sin duda alguna, un partido con un objetivo destructivo. Violento. Hay, sí, otras mil razones para ilegalizar a Bildu, pero esa quizá sea la fundamental. El problema es que por ese camino también debería plantearse la ilegalización de ERC, el PNV y, en general, de todas las formaciones políticas que desean destruir el Estado-Nación, España. Entonces, la cuestión es por qué los partidos separatistas están reconocidos legalmente en nuestro país. ¿Por qué admitimos en nuestra débil democracia a quienes quieren destruirla? Éste es el asunto clave que los políticos españoles, por desgracia, rehuyen. Son cobardes y prefieren vivir con esa contradicción antes que atajarla cara a cara. Es el caso del PP, o peor, prefieren abrazarse a los violentos como ha hecho Sánchez.
La cuestión de la ilegalización de Bildu ha puesto en evidencia el principal problema de la casta política española, a saber, su cobardía. En otras palabras, los partidos políticos españoles tiende a resolver los problemas genuinamente políticos en otro ámbito que no es propiamente político. He ahí la primera asignatura pendiente de la democracia española. Un ejemplo es el de la ilegalización de Bildu. El Derecho y la Política son ámbitos, obviamente, relacionados, pero son muy diferentes. Nadie en su sano juicio puede decir, como ha hecho la señora Gamarra del PP, que la ilegalización de Bildu es una cuestión de los jueces. Por favor, señora, no ofenda a la inteligencia. La viabilidad o no de un partido político es antes una cuestión genuinamente política, o sea, para ser tratada antes en los ámbitos específicamente políticos que en el terreno del derecho. Llevemos el asunto al Parlamento, por ejemplo. No corran tanto, señores políticos, intenten arreglarlo ustedes, antes de apelar a la "justicia", a Europa o a la madre que les parió. Trabajen. Gánense el pan honradamente. No remitan a otros un problema que deben resolver ustedes. O la casta política se hace cargo de este asunto o estará siempre al borde del abismo. O separamos con nitidez las esferas del poder, el derecho y el saber o caeremos en la estulticia criminal del totalitarismo. La política es política y no puede reducirse a lo que diga el derecho. La ilegalización o no de una fuerza política basada en la violencia va más allá de ser un asunto puramente jurídico. Forma parte del tejido moral y político de una sociedad plenamente desarrollada. Un juez no tiene porqué entrar a sancionar lo que no ha sido capaz de resolver la entera casta política.