A lo largo de este patético año de desgobierno, ha quedado en claro que Gustavo Petro tiene dos ideas fijas por las que no dará su brazo a torcer: una, que tiene más alcances internacionales, es la de acabar con la explotación de combustibles fósiles, para lo cual está dispuesto a sacrificar al país a pesar de que nuestro aporte de gases de efecto invernadero ronda el insignificante 0,4% del total mundial, por lo que nadie se daría cuenta del ridículo harakiri al que nos quiere someter.
La otra idea fija que tiene en mente este sujeto es la de destrozar el sistema de salud tan solo para quitarles las supuestas ganancias a los blanquitos ricos y convertirlo de nuevo en un monopolio estatal. No en vano, el señor Petro ha repetido hasta el cansancio que ‘la salud debe ser un derecho y no un negocio’, un concepto que gira en torno a su idea de que el estatismo funciona y el capitalismo, al que considera en crisis, no.
En ese sentido, una muestra de su delirio maniaco puede verse en la entrega de recursos a familias pobres por parte del Departamento de Prosperidad Social dirigido por la señora Rusinque, una activista más fanática que las descabezadas Corcho o Irene Vélez. En el gobierno de Iván Duque se entregaban ayudas mensuales a 7 millones de familias de forma expedita, utilizando los servicios de Daviplata, Nequi, Supergiros, Efecty y otros cuyos buenos resultados se fundamentan en la sana competencia entre privados.
En contraste, el gobierno Petro le entregó la tarea de repartirles subsidios a 3,3 millones de familias exclusivamente a través del Banco Agrario, un ente público que no estaba preparado para semejante faena, dando como resultado un caótico panorama de filas inhumanas en las que abundan los niños, los ancianos, las embarazadas y personas enfermas. Verdaderas muchedumbres sometidas a tortuosos madrugones, largos y costosos desplazamientos, extenuantes esperas al sol y al agua, jornadas laborales y estudiantiles perdidas, días de hambre, sueño y sed…
Y se supondrá con cierta lógica que es mucho más barato contratar un ente público que uno privado, lo cual supuestamente justificaría tanta incompetencia, pero no es así. La ciudad de Bogotá ha tenido un contrato con el Banco de Bogotá para repartir unas ayudas similares en cuantía y número de beneficiarios a un costo menor que el del banco oficial. Y sin filas.
Lamentablemente, esto es una muestra de lo que va a ocurrir con el sistema de salud cuando acaben con las EPS. Con tal de consolidar un monopolio estatal nos pondrán a hacer filas interminables hasta por una aspirina. Ni hablar de citas con especialistas ni prestación de servicios de alto nivel. Y para no dudar del macabro propósito de la pauperización absoluta del servicio, está la maquinación de traer médicos incompetentes no ya cubanos sino venezolanos, formados, si cabe el término, estudiando tutoriales en Youtube.
Tan solo estas dos obsesiones de Petro, son suficientes para acabar con Colombia.