Todo el mundo se pregunta qué hará Carles Puigdemont, si facilitar la investidura de Pedro Sánchez o precipitar la repetición de las elecciones generales. Las insinuaciones procedentes de su núcleo duro avalan la tesis de que el expresidente de la Generalidad catalana optará por desentenderse de la política española, salvo que Pedro Sánchez acepte dos condiciones innegociables, la amnistía, igual a impunidad, y un referéndum de autodeterminación, eufemismo de la disolución de la más vieja nación del mundo, España.
Conviene reiterar que el separatismo catalán atraviesa en el plano electoral sus horas más bajas seis años después de perpetrar un golpe de Estado que estuvo a punto de quebrar la convivencia y causó graves estragos sociales y económicos. Sin embargo, los resultados del 23-J han reactivado al independentismo, en cuyas manos está el futuro inmediato del país. Conscientes de esa situación, en el PSOE no han dudado ni un segundo en ponerse manos a la obra para lograr el visto bueno del prófugo instalado en Waterloo.
Los focos mediáticos se han posado sobre la triste figura de Puigdemont, un juguete roto y un paria político a quien el Tribunal General de la Unión Europea acaba de negar su inmunidad como eurodiputado. Pero la gran pregunta debería ser si Sánchez está dispuesto a aceptar el apoyo de Puigdemont, aún en forma de abstención, para proclamarse de nuevo presidente del Gobierno. Hablamos de un evadido, de un hombre que ha eludido la acción de la justicia, que se niega a comparecer ante los tribunales españoles y que en la medida de sus posibilidades trata de pisotear el nombre de España y el crédito de la democracia, que se burla de la justicia y que ha ofendido y ofende con sus actitudes, actos y declaraciones a millones de ciudadanos. Y hablamos también del presidente del Gobierno que prometió traer a España a Puigdemont para ser juzgado con todas las garantías de un sistema que impuso primero penas menores a los sediciosos y después los indultó al tiempo que permitía que los partidos que impulsaron el golpe siguieran con sus actividades en plena legalidad.
Los focos deberían girar hacia Pedro Sánchez. Él debería ser el gran interpelado en estos momentos. ¿Presidente, aceptará el aval de un fugado para revalidar su mandato a pesar de haber perdido las elecciones en votos y escaños? ¿Aceptará, señor Sánchez, que la política nacional se dirima en un caserón de Waterloo? ¿Permitirá que un golpista maneje los hilos del Congreso y del Gobierno? ¿De qué lado está usted, don Pedro, del lado de la ley o del lado de un fugitivo que cuando presidía la Generalidad se pasó la democracia y las leyes por debajo del arco del triunfo y estuvo a punto de causar un enfrentamiento violento en Cataluña?
Resulta verdaderamente extraordinario que se hayan establecido cordones sanitarios contra el PP primero y contra Vox ahora y que el partido de Puigdemont o la Esquerra de Junqueras (más Bildu) sean considerados actores perfectamente válidos y reconocidos para llegar a acuerdos de Estado, de un Estado que tratan de demoler sin disimulo y con altas dosis de alevosía. Sánchez debería ser el primero en negarse a aceptar los votos de Puigdemont, pero esa línea roja ya la cruzó con ERC. "Para España ya no hay marcha atrás", declaró el presidente en la inauguración de la nueva Galería de las Colecciones Reales. La frase es tan ambigua que se puede entender perfectamente como un epitafio.