El asesinato del candidato a la presidencia ecuatoriana, Fernando Villavicencio, ha conmocionado a un país que vive la mayor crisis de seguridad de su historia reciente, provocada fundamentalmente por los cárteles de la droga, dispuestos a todo para convertir los puertos ecuatorianos en los principales puntos de salida de la cocaína que se exporta a Europa y Norteamérica. Villavicencio era, precisamente, el principal impulsor de las denuncias contra las mafias que se están apoderando del Estado de Ecuador, protegidas por los poderes políticos de la región, y había centrado su campaña en la lucha contra las organizaciones delictivas que operan en el país con la connivencia necesaria del expresidente Correa, fugado de la justicia ecuatoriana tras ser condenado por graves casos de corrupción y hombre fuerte de la narcoizquierda hispanoamericana que lidera el Gobierno chavista de Caracas.
La expansión del narcotráfico en la región ya ha llegado a Ecuador, cuya posición estratégica, entre Perú y Colombia, lo ha convertido en uno de los centros logísticos de la exportación de la droga en Iberoamérica, tal y como reconocen los expertos. Pero la conversión de los puertos ecuatorianos en narcofactorías exige un régimen de impunidad que solo puede alcanzarse si las organizaciones criminales controlan el Estado. De ahí que estas bandas criminales, poseedoras de ingentes recursos económicos, traten de influir en la política local a base de financiar campañas electorales, corromper a los candidatos, amenazar a los que no se someten y, en última instancia, asesinar a los más refractarios, como hicieron el miércoles pasado con el candidato de izquierda moderada a la salida de un mitin.
Los sucesores del corrupto Rafael Correa mantienen así mismo fuertes vínculos con China y Rusia, dos potencias mundiales que han extendido sus tentáculos en la región a través de fuertes inversiones e injerencias de todo tipo para conseguir sus propios objetivos estratégicos, consistentes fundamentalmente en debilitar las democracias occidentales y fomentar la aparición de élites corruptas, mucho más fáciles de manejar. Todo ello acrecienta el riesgo de que Ecuador acabe convirtiéndose en otro narcoestado en manos de las alianzas tradicionales de la izquierda local con potencias dictatoriales y clanes internacionales de la droga, reproduciendo el modelo que impera en países como Cuba, Venezuela o Colombia.
Al Gobierno español, sin embargo, no le parece preocupante la deriva estrepitosa que está llevando a los ecuatorianos al borde de un abismo de miseria y crimen generalizado. Sánchez, de hecho, no ha encontrado un hueco en su apretada agenda vacacional para condenar el asesinato del candidato socialdemócrata a las elecciones presidenciales de Ecuador, cuya primera vuelta se celebrará el próximo domingo. Los vínculos del socialismo europeo con la ultraizquierda iberoamericana y su dependencia del chavismo español para mantenerse en el poder explican la vergonzosa actitud de un personaje que ha hecho de la indignidad política el principal emblema de su mandato.