El Gobierno en funciones encabezado por Pedro Sánchez ha asestado este lunes un profundo y gravísimo rejonazo a la democracia y a la justicia en España con la reunión en Bruselas entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el golpista prófugo Carles Puigdemont. El asunto es de tanta envergadura y gravedad que Moncloa, en lo que se antoja una operación perfectamente orquestada por Sánchez, ha corrido a matizar que Díaz viajaba en calidad de líder de Sumar y no como miembro del Gobierno, como si fuera posible una cosa sin la otra. También han deslizado que la cita no compromete a los socialistas, pero la unidad de acción entre Sánchez y su vicepresidenta es tan obvia y aparatosa que los miramientos filtrados por Moncloa son en realidad la confirmación de las inevitables sospechas. Y es que Díaz ha ido a entrevistarse con Puigdemont para hablar de la investidura de Sánchez, no de cualquier otro asunto.
El encuentro supone la absoluta claudicación del Gobierno frente a un golpista, una humillación que va más allá del Ejecutivo y afecta al Estado de pleno y a la Justicia que encausó a Puigdemont por la asonada de que se cumplen seis años. Las implicaciones institucionales de la maniobra protagonizada por Díaz con el silencio cómplice de Sánchez suponen un varapalo a la más mínima noción de justicia e igualdad en España, toda vez que el Gobierno trata como interlocutor válido a quien no es más que un prófugo que se resiste a rendir cuentas ante los tribunales y que pretende una inmunidad que Sánchez le pone en bandeja con una amnistía a todas luces ilegal y contraria a la Constitución.
La cita entre Díaz y Puigdemont afecta a la credibilidad democrática de España, a la separación de poderes y a las actuaciones que puede determinar el Tribunal Supremo en relación con el fugitivo. Además, proyecta un doble rasero por parte de un Gobierno que desprecia al líder del partido más votado mientras corre a agasajar a un golpista. El indigno posado entre Díaz y Puigdemont con Jaume Asens y Toni Comín, otro prófugo, es la cruda estampa de una rendición frente a los golpistas con el único propósito de retener el poder y acelerar el desmantelamiento de la democracia y de la unidad de España. Ahora y gracias al Gobierno, la justicia queda a los pies de los caballos mientras una vicepresidenta del Ejecutivo da cobertura a un fugado, blanquea el golpe de Estado e inaugura con las imágenes de la vergüenza en Bruselas una nueva fase de aquel golpe, proyectado de manera indisimulable hacia el conjunto de la nación.
El desastre en términos políticos e institucionales es absoluto. Los separatistas tienen motivos para la celebración con el Gobierno de rodillas ante el autor principal del hecho más grave sucedido en España en años. Las estampas de la visita resultan demoledoras para quienes aspiran al cumplimiento de la ley, el respeto por la Constitución, la convivencia y la igualdad entre los españoles. Sánchez reconoce y premia a Puigdemont a través de Yolanda Díaz. Seis años después del golpe no se puede decir que sus autores hayan fracasado. Es todo lo contrario.