La operación por la cual los saudíes se compran el diez por cien de Telefónica no puede ser más oscura. Los grandes medios de comunicación, especialmente sus secciones de información económica, se limitan a transmitir lo que la compañía compradora y la comprada comunican, además de lo que las terminales del Gobierno filtran. Pero la realidad es que no sabemos nada. No obstante, aún sin saber, todavía conservamos el derecho a sospechar. Y lo más sospechoso de todo es que el Gobierno aprobó hace dos meses un decreto que entró en vigor el 1º de septiembre, esto es, cinco días antes de anunciar la operación, que permite realizarla siempre que cuente con autorización del Gobierno. Apesta a corrupción a kilómetros.
Otro elemento a considerar es la presencia de un socialista de carnet en el Consejo de Administración de Telefónica, Javier de Paz, que lleva allí toda la vida y que alguien ha sugerido que está implicado en el asunto. Lo cierto es que la constante presencia de Paz hace sospechar que todo lo importante que ocurre en Telefónica se hace con el permiso, cuando no con el impulso, del PSOE.
¿Qué puede estar pasando? Que un gobernante como Mohamed bin Salman, tenido como el asesino de un periodista del The Washington Post, Jamal Kashoggi, quiera convertirse en el mayor accionista de Telefónica no es cosa trivial. El asesinato enemistó al régimen saudí con los Estados Unidos cuando los servicios secretos norteamericanos concluyeron que el príncipe era el responsable del asesinato. A raíz de ello, Arabia Saudí se acercó a Rusia y China. A Rusia, para concertar con ella una política de precios del petróleo y a China, para el propio desarrollo tecnológico. Los intentos de Joe Biden para reconciliarse con el príncipe tras el estallido de la guerra de Ucrania no han tenido el efecto esperado. ¿Qué hace esta teocracia, una dictadura hoy próxima a los peores enemigos de Occidente, asumiendo una posición cuasi dominante en nuestra empresa estrella de telefonía? Con seguridad, nada bueno.
Puede ser que José María Álvarez-Pallete esté temiendo ser desbancado de la presidencia de la empresa y haya buscado, con la connivencia del Gobierno, un aliado con cuyo respaldo no podrá ser descabalgado. O puede ocurrir que el Gobierno se haya cansado de él y haya buscado un socio lo suficientemente fuerte como para librarse de él. Más probable parece lo primero, pero no puede descartarse lo segundo. En cualquier caso, lo dicho, nada bueno. Y la prueba de que no lo es está en el escándalo que el Gobierno montó cuando Ferrovial huyó de la inseguridad jurídica que se padece en España, algo mucho menos grave que lo de Telefónica, y lo satisfecho que en cambio está hoy con una noticia que es, al menos, igual de perjudicial para los intereses de España. Es para poder seguir haciendo esta clase de cosas por lo que Sánchez está dispuesto a darle a Puigdemont la amnistía y lo que le pida. Si se piensa, es una manera muy socialista de rizar el rizo: perjudicar a los intereses de España (dando la amnistía a los golpistas catalanes) para poder seguir perjudicando a los intereses de España (vendiendo a dictaduras teocráticas empresas españolas estratégicamente críticas). Y cobrarlo, naturalmente.