En los últimos años del franquismo se pedía "libertad" porque no había. Se reclamaba la "amnistía" para alcanzar la concordia, el borrón y cuenta nueva necesarios para construir salidas sin matarse en el empeño. Y se pedía también, cerrando aquella apelotonada rima, "y estatuto de autonomía" porque el peso del Estado franquista era enorme y descentralizar se interpretaba como una inequívoca señal de libertad.
Ahora podríamos hacer una lista de errores de la Transición, como el de incluir las "nacionalidades" en la Constitución o la puerta abierta, en una disposición transitoria, a la desaparición de Navarra engullida por el nacionalismo vasco, y hasta el propio diseño del modelo autonómico. Pero no sería honesto criticar hoy a los que propiciaron el cambio haciendo malabares desde el propio franquismo. Sólo caben elogios. Lo que no tiene justificación es que después, con los sacrificios ya consumados y los principales riesgos aventados, se mantuvieran los puntos débiles —las concesiones más tácticas y también las más ingenuas— y hasta se viviera de ellos: los pecados del bipartidismo con el nacionalismo nos han condenado a todos por su mero afán de poder.
Los estatutos de autonomía, casi todos, se han dedicado a reconocer derechos como si no estuvieran ya contemplados en la Constitución. Los derechos son ahora como los impuestos, se duplican y hasta triplican y nunca favorecen al ciudadano. Nuestro problema es que no se ha aceptado, casi nadie lo ha hecho, que un estatuto está por debajo de la Carta Magna.
Los presidentes autonómicos quieren parecer presidentes nacionales, los parlamentos pretenden una soberanía diferenciada de la nacional, los consejeros se ven ministros. Y el Estado central subasta competencias sin criterio alguno para mantener el poder… perdiéndolo en cada cesión de competencias. Tal es la ciega estrategia de las últimas décadas. Y aún así, los estatutos hiperautonómicos se han quedado cortos y sólo vale la autodeterminación, aunque no se sepa muy bien respecto a qué o quién.
Hemos vivido ya un golpe de Estado así que no estamos ante el alarmismo hiperbólico de que "España se rompe". Es que se ha roto y algunos no quieren darse cuenta. Se trata, por tanto, de recuperarla.
El socialismo que abrió la puerta lamenta que entrara el monstruo
Alfonso Guerra está de promoción editorial y hasta cinematográfica. Dice que Puigdemont es un "gánster", que la foto de Yolanda Díaz con el citado gánster es "infame" y que la amnistía es "una condena de la Transición". El problema de Guerra es que atribuye las conquistas de aquella época a "viejos socialistas que estuvieron en campos de concentración". Pero no fue así y por eso la Transición tiene ese incalculable valor: porque se hizo "de la ley a la ley" y no fue necesaria, muy a pesar de algunos, revolución alguna. Si sirviera de algo, me quedaría despierto toda la noche dando la razón a Guerra aunque tuviera que tragarme los matices.
Pero habría sido mucho más útil que aquel Alfonso Guerra que fue presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados (2004-2011) hubiera votado contra el Estatuto de Cataluña que trajo a empujones su otrora jefe José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, votó a favor y lo consideró "un avance importante tanto en la descentralización del poder como de las competencias". ¿Infamias? Si al menos reconociera primero sus errores sería menos hiriente escuchar las quejas fuera de plazo. Y de Montesquieu, clave de bóveda de este desastre, mejor ni hablamos, claro.
Felipe González quiere pasar a la historia como líder del socialismo ecuménico. Izquierdas y derechas lo aclaman. Socialismo frente a sanchismo. Ahora está en contra de las dictaduras americanas y planta cara sin rubor y con agallas a gorilas como Nicolás Maduro. Pero sus habanos siempre vinieron de Cuba en valija diplomática. Y como eso, lo del separatismo, la amnistía y el sanchismo. Rectificar es de sabios pero hacerlo tan tarde es ventajista y, siendo prácticos, estéril.
González inauguró la gobernabilidad con vascos y catalanes, la misma que sirvió luego al PP. Son estos los errores de la Transición que no se quisieron remediar porque permitían corregir aritméticas adversas para gobernar. La crítica de González es acerada, bien construida y puede colmar ingenuidades. Nada más.
Joaquín Almunia se apunta a la nómina de legendarios sin posibilidad de influencia pero, como acostumbra, sin sudar demasiado:
"No tengo conocimiento anticipado de lo que vaya a decidir el Tribunal Constitucional si el tema se le somete alguna vez. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra de la cabida dentro de la Constitución de una amnistía".
Lo del "conocimiento anticipado" es una pista. En este momento, con Cándido Conde Pumpido no parece precisamente un obstáculo. Cómo no pensar que el asunto ya se ha pergeñado, una vez más, entre amigos o colegas. Y cómo olvidar aquella bronca de la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega a la presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas que captaron las cámaras de Libertad Digital Televisión el 12 de octubre de 2007.
La víspera de aquella grabación el Consejo de ministros socialista había habilitado a la Abogacía del Estado para que recusara a Roberto García Calvo, fallecido un año después, y a Jorge Rodríguez-Zapata, magistrados conservadores del Tribunal Constitucional. ¿El objetivo? Tener los votos suficientes para tumbar el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el PP ¡contra el Estatuto de Cataluña! Ese era el PSOE de entonces, augurio del actual.
Pues Almunia considera que el problema no es ya lo que pueda decir el Constitucional de Pumpido sino si es procedente en este momento:
"…y yo creo que, de momento, por lo que se ve, se escucha y se oye, no hay condiciones para una amnistía".
Tampoco es que sea lo de Almunia, que quiso ser presidente del Gobierno, una desatada y arriesgada arenga antiseparatista.
Tomás de la Quadra-Salcedo, ex ministro de Justicia con Felipe González y ex presidente del Consejo de Estado, defiende los indultos de Sánchez a los condenados por el golpe de octubre pero no el de Puigdemont o la eventual amnistía como moneda para obtener apoyo parlamentario.
"Ese planteamiento (el de los independentistas) imposibilita la investidura de cualquier representante de un partido de Estado, como el PSOE, que no puede aceptar esos términos, pese a que haya demostrado que está dispuesto a emplear las vías legales razonables, incluido el indulto, para buscar solución a los problemas de solo una parte de la sociedad catalana".
Si volviera a estar en activo, con esa misma frase y cuatro subordinadas adversativas añadidas tendríamos una tesis jurídica válida para lo contrario de lo que se supone que quiere decir hoy. Humo. Desde sus responsabilidades como poderoso ministro de González pudo cerrar muchas puertas para salvaguardar la Constitución. Tampoco lo hizo.
Ramón Jáuregui, partidario del "modelo autonómico federal" y de la "plurinacionalidad" que nos ha empujado al callejón sin salida con golpe de Estado incluido, busca sitio en el frontis de disidentes sin voto. Como en el caso de Almunia, poco entusiasmo y todas las posibilidades abiertas para defender lo contrario si fuera menester. No a la amnistía "en esos términos", sí al diálogo en el marco de la propuesta federal y, como ha defendido hace un par de días en RNE, todo sea por la "desinflamación de la situación política catalana". Como si el problema de España fuera una dolorosa artritis.
Y para mayor gloria del socialismo histórico, veterano o jubilado, hasta ha mostrado su oposición a la amnistía Jesús Eguiguren. ¡Eguiguren! Chusito, el artífice del blanqueamiento a ETA, el de la rendición que hasta llevó su nombre — "vía Chusito" —, el culpable de que Arnaldo Otegui sea socio de Sánchez. Uno de los peores borrones del socialismo, de la política.
¿Dirían todos estos "históricos" lo mismo si pudieran votar en el Congreso de los Diputados? Han tenido muchas oportunidades y las han dejado pasar sin inmutarse o, como hemos visto, han contribuido a que el nacionalismo creciera sin sentir temor a la Justicia, más bien amparo.
Esto mismo vale para los Lambán, Fernández Vara y García Page, de los que ya me he ocupado aquí en no pocas ocasiones por la hipocresía de criticar sin arriesgar. Ellos pueden pedir votos que valgan para algo porque mandan sobre los diputados socialistas que representan a sus provincias en el Congreso. Todavía no hemos visto un solo voto que refleje la inquietud moral de estos barones —ya sólo queda Page— por el separatismo que alimenta su jefe.
Pedro Sánchez se absuelve a sí mismo. Se vacuna. Se inmuniza del todo. La amnistía parece diseñada para él, inductor de todos y cada uno de los delitos necesarios para sostenerse en el poder. El socialismo en activo no hará nada por evitarlo. Y con el otro, el no vinculante, no hay nada que negociar porque no tiene voto ni poder. Si lo tuviera no estaría en contra, como sucedió en su día.
No hay pesoes con los que contar. No pasa nada por defender la ley en solitario. Es una obligación.