España atraviesa un momento crítico y es hora de que los españoles se levanten y salgan a la calle a protestar y manifestarse en contra de Sánchez y sus aliados con el fin de proteger la Constitución, la unidad del país y la democracia.
La situación es de máxima gravedad. La vergonzosa negociación que ha emprendido el líder del PSOE para revalidar su mandato al frente de la Moncloa con los enemigos de España y del orden constitucional, liderados por el golpista y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, supone un antes y un después en la reciente historia democrática de España, un punto de inflexión que marcará el devenir de los próximo años y que, sin duda, supone una amenaza de primer orden para la estabilidad política y social del país.
Si algo ha demostrado Sánchez durante su carrera política es que no tiene palabra, ni vergüenza, ni honor, pero tampoco escrúpulos para aceptar todo lo que sea necesario con tal de permanecer en el poder. Las exigencias de los separatistas catalanes de Junts para investirle de nuevo presidente son ilegales y, por tanto, no se pueden aceptar, diga lo que digan el Gobierno en funciones y sus socios independentistas y de extrema izquierda.
La amnistía no tiene encaje en la Carta Magna. La Constitución lo prohíbe de forma clara e incuestionable. Y, sin embargo, es una línea roja que el PSOE, una vez más, está dispuesto a cruzar por puro interés personal y partidista, en contra de los intereses del conjunto de los españoles. Su mera negociación supone una flagrante vulneración de la ley y del estado de derecho.
Pero la afrenta, por desgracia, va mucho más allá. Sánchez también está dispuesto a acordar algún tipo de consulta soberanista con el nacionalismo catalán, lo cual, además de vulnerar de nuevo la legalidad vigente, pone en riesgo la inquebrantable unidad nacional que garantiza la Constitución.
Por si fuera poco, la investidura de Sánchez supondrá una colosal factura económica, ya que la condonación de la deuda que mantiene Cataluña con el Estado y la concesión de nuevas inversiones, transferencias y financiación al nacionalismo, hasta el punto de romper el actual sistema autonómico para implantar un nuevo fuero catalán, podría rondar los 200.000 millones de euros. Y todo ello sin contar los efectos secundarios que supondrían tales privilegios ni la evidente vulneración del principio básico de igualdad ante la ley que debería regir para todos los españoles.
Esta negociación es un punto y aparte porque ataca directamente los pilares de la Constitución y, por ende, de la democracia española. Es traición y, como tal, ha de ser contestada y combatida por los españoles. España necesita una rebelión cívica contundente y sólida para frenar a Sánchez. Tan sólo los españoles pueden ya pararle los pies. Es el momento de salir a la calle en señal de protesta e indignación, el momento de tomar las plazas, convoque quien convoque, para defender España y todo lo que representa. Ahora, está en nuestras manos.