Es público y notorio que el Partido Popular de Alberto Nuñez Feijóo no llevaba en su programa electoral la propuesta de reformar el Código Penal para incluir delitos de "deslealtad constitucional" que castiguen a "aquellas autoridades, cargos y funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales" o para "disolver a las organizaciones y personas jurídicas" —incluidos los partidos políticos— que "promuevan referéndums ilegales o promuevan la independencia" de una parte del territorio nacional.
Tampoco hizo el PP esa propuesta legislativa pasadas las elecciones generales cuando, para disgusto del PP catalán, se abrió a negociar en agosto con los golpistas de Puigdemont la investidura de Feijóo sobre la base de que Junts per Cataluña es, en inolvidables y cínicas palabras de Gonzalez-Pons, "un grupo parlamentario que, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda".
Es más. Ni siquiera cuando Feijóo comprendió tardíamente que no podía competir con el absoluto nihilista de Sánchez a la hora de intentar contentar a los de Junts —más aun teniendo que contar al mismo tiempo con el apoyo de Vox para su investidura—, el PP dio a conocer esta novedosa propuesta de disolución de partidos políticos y organizaciones que promuevan la independencia o referéndums ilegales o una nueva ley —como si no existiese una ya— que castigase la inobservancia de la ley o de las resoluciones judiciales.
Este miércoles, sin embargo, el PP no se ha limitado a presentar una esplendida enmienda a la totalidad a la ley de amnistía, sino que ha querido incluir en ella una reforma del Código Penal que incluya estas propuestas legislativas que, lamentablemente, han desviado la atención mediática sobre la inconstitucional pretensión de amnistiar los delitos cometidos por los golpistas catalanes —no según la legislación que pretende ahora impulsar el PP— sino sobre la que estaba y sigue estando vigente a la hora de perpetrar dichos delitos.
Entiéndasenos bien. Nada tenemos que objetar a una propuesta de traslación de responsabilidades penales y de disolución de personas jurídicas que promuevan delitos tales como la organización de referéndums ilegales o las declaraciones de independencia. Otro tanto podríamos decir del castigo a la "inobservancia de las leyes o de las resoluciones judiciales", ya tipificada —por cierto— como delito de desobediencia. Pero no nos engañemos: si bajo el Gobierno del PP, los separatistas perpetraron no uno sino dos referéndums ilegales —el 9N de 2014 y el 1-0 de 2017— no fue por falta de leyes que lo impidiesen, sino por indolencia y renuencia del Ejecutivo a la hora de hacerlas cumplir. Eso, por no hablar del articulo 155 de la Constitución —medida política, que no penal— que se podía y debía haber aplicado no para castigar sino para evitar que las autoridades catalanas consumaran sus publicitados proyectos de referéndums de independencia.
Si los separatistas han puesto en jaque a nuestra nación como Estado de Derecho no ha sido por falta de leyes sino por falta de resolución del Gobierno —no por nada llamado Ejecutivo— a la hora de hacerlas cumplir. Y eso, ya sea por indolencia en el caso de Rajoy o ya sea por interesada complicidad de Pedro Sánchez.
Otro tanto se podría decir a Vox, que tampoco se ha contentado con la enmienda a la totalidad de la inconstitucional amnistía sin incluir en su enmienda "la creación de un nuevo tipo delictivo que castigue a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución". Y es que nada tenemos en contra —todo lo contrario— de un tratamiento más especifico que castigue lo que ya se podría y debería castigar como delito de omisión del deber de perseguir delitos y delincuentes, tipificado ya en el articulo 408 del Código Penal.
Por otra parte, bien está que el PP no tenga complejos a la hora de ir de la mano o de competir con Vox a la hora de liderar el generalizado rechazo a la amnistía. Bien está que Feijóo entienda que no hay que negociar con el secesionismo, sino combatirlo. Pero creemos que hubiera sido más oportuno en estos momentos centrarnos en esa amnistía que de forma tan clamorosa atenta contra la separación de poderes y la igualdad de los españoles. Esa es la baza que hay que jugar en Europa y no propuestas de disolución de partidos políticos cuando en España no se cumple la ley de partidos supuestamente vigente.
Lo que hace falta en España, en definitiva, no es tanto nuevas leyes sino Ejecutivos con el coraje y el sentido de la responsabilidad de hacer cumplir las que ya hay.