
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trae de cabeza, inexplicablemente, al PP. Parece que el argumento que esgrimen las fantasmagóricas voces internas es el "sentido de Estado".
El problema de origen es sencillo. La Ley del Poder Judicial anterior a 1985 decía lo que inspira directamente la Constitución: que el órgano de gobierno de los jueces debe elegirse con un reparto de 4-4-12 distribuido así: 4 por el Congreso de los Diputados, 4 por el Senado y los otros 12 "entre jueces y magistrados de todas las categorías".
La muerte del modelo en 1985 a manos del PSOE nos trajo un sistema por el cual los 20 vocales del CGPJ serían elegidos por las Cortes mediante mayoría cualificada de tres quintos. O sea, por reparto entre partidos con ventaja del que más cuota de poder exhiba. Y a partir de aquello empezó a girar la rueda que alimenta la corrupción humana.
El auténtico sentido de Estado dicta que renovar un vicio no puede ser bueno y que lo que hasta la conciencia, y desde luego la Constitución, recomienda es perseverar en el empeño de que no hay nada que pactar mientras no se retome la ley que protegía la separación de poderes, la independencia judicial.
Esto es lo que debería hacerse en el caso de que el Gobierno que reclama la renovación, aun siendo socialista, fuera normal. Pero además, no es el caso. El Gobierno que insiste al PP para que pacte la composición de un nuevo CGPJ acorde al nuevo reparto de escaños está sobre el alambre de la legalidad y con un violento viento racheado. Pactar cosa alguna sería una suerte de colaboracionismo, como colocarse sin necesidad en el lado incorrecto del peor momento de la España democrática.
Se esquivó desde el principio la rebelión de la Generalidad de Cataluña de 2017 por aquello de la "ensoñación" y por el error de juzgar un golpe con el golpe en marcha. Con Sánchez ya en el poder se borró el delito de secesión y pronto harán desaparecer la malversación porque de lo contrario Pedro Sánchez no podrá sostener su Gobierno. España legisla para un prófugo, puntal del ruinoso Gobierno. No hay pacto posible.
Tenemos, quieran o no, rebelión, secesión, malversación, prevaricación y ahora también traición, la del socio golpista en colaboración con la Rusia de Vladimir Putin.
Sólo nos faltaba esta pinza catalano-soviética, la Generalidad y el Kremlin contra los intereses de España. Después del Molotov-Ribbentrop, el pacto de Putindemont. Y lo quieren amnistiar. ¿Qué pacto es posible?
Gonzalo Boye, abogado del prófugo de Waterloo, ya hace dúo con Óscar Puente y dice que el juez Joaquín Aguirre consume "psicotrópicos". El abogado, que conoce la cárcel por colaborar con ETA en secuestros y que está imputado por presunto blanqueo de capitales junto al narco Sito Miñanco, es uno de los investigados también por la trama rusa ligada al proceso separatista del golpe del 17. Su "experiencia" ha sido tenida muy en cuenta en la redacción de la Ley de Amnistía, la Ley Sánchez.
Hay delitos por todas partes, allí donde pisa Pedro. El delito es la sombra que persigue al presidente mientras haya luz. ¿Qué se puede pactar en materia de Justicia —ni en cosa alguna— con alguien así?
De Begoña se pasa a David. Y de Ábalos a Koldo. Y por Air Europa se llega a Delcy Rodríguez. Y en el camino contra Isabel Díaz Ayuso el fiscal general Álvaro García Ortiz saca pecho de ordenar filtraciones a la prensa sobre ciudadanos que deberían ser anónimos, lo que le sitúa al borde de la imputación. Y es este mismo fiscal el que pretende obligar al resto de fiscales a que la Ley de Amnistía se aplique sin condiciones, sin matices, sin justicia.
Y así hasta completar miles de círculos, todos viciosos. ¿De verdad las voces del PP consideran que es bueno para España y que cumple con el sentido de Estado pactar algo con la famiglia socialista? ¿Creen, como teme el fiscal general en sus mensajes privados con los que presionó a una subordinada para que aireara una nota pública sobre el novio de Ayuso, que les pueden "ganar el relato"?
Milei, el fango argentino
El fango es ya sinónimo de verdad incómoda para el socialismo. Y de verdades ha ido el discurso de Javier Milei en Madrid, algunas tan incómodas como que emitir moneda pueda convertirse en "un delito de lesa humanidad". Podrá parecer excesivo pero un argentino pobre con dos dedos de frente lo entiende a la primera. Quizá Milei peca de ingenuo al suponer que siempre habrá un liberal que meta en la cárcel a los que manejan la economía como una infinita manta que cobija al Estado. Son muchos estos últimos frente a lo escaso de los primeros, que suelen acabar en la cárcel del intervencionismo, sea de izquierdas o de derechas.
Otra verdad al desnudo, más fango: ningún político quiere hablar de los "cien millones", sobre todo si en vez de euros o dólares son muertos a manos del comunismo. Los que todavía no se han atrevido a leer sospechan que esa cifra es un bulo y, como mucho, callan. Pero es que en los colegios no se estudia en absoluto la China de Mao, de Stalin se dice lo justo y sólo en capítulos referidos a la II Guerra Mundial, y de Lenin, la revolución bolchevique… como la francesa —descafeinada siempre— pero en ruso. Pol Pot supondrán que es un rapero y los Jemeres Rojos, un equipo de rugby camboyano o de por ahí lejos.
Milei habla de "los cien millones" sin miedo porque son ciertos y quizá cortos. Y la razón de esas muertes fue la propiedad, la colectivización, la anulación del individuo. Lo único que se repartió equitativamente fue la muerte, que llegó a todos los humildes por igual.
La advertencia del argentino en Madrid ha sido bien original: "Nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar, la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo". Algo sospechábamos ya.
Y los últimos compases del fango argentino han sido para Pedro, más de milongas. Le ha recordado las "manos porosas" de los políticos o las de "un hermano, la pareja, o lo que fuera. El que quiera entender, que entienda".
Pero lo fundamental de Milei fue el discurso liberal sin tapujos, lo más alejado del PSOE y de Vox que pueda escucharse. Individuos, precios, mercado, igualdad de partida pero diferentes destinos según el camino de cada cual. El maravilloso riesgo de la libertad. Apenas hay políticos en ese solar. Por eso el programa de Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, se llama La Trinchera. Hay sitio y razones de sobra.
En definitiva, se dijeron cosas que pueden decirse si se recibe una medalla impuesta por Isabel Díaz Ayuso o el Premio Juan de Mariana. Casi en la clandestinidad. Cosas que llevamos 25 años defendiendo y que no nos cansaremos de repetir. Como eso otro de que no hay nada que pactar con Pedro Sánchez. Y menos en materia de independencia judicial. ¡Si están a un paso del banquillo! ¿Hay alguien en el PP que quiera aparecer en "la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo"? Es lo que harán si cometen la equivocación de caer en la trampa de Sánchez.