Por si alguien, a estas alturas del partido, albergara alguna duda sobre los métodos empleados por el sanchismo para conseguir su objetivo prioritario -el mantenimiento de su jefe en el poder al coste que sea-, lo sucedido el pasado viernes en torno a la comparecencia de la mujer del jefe del sanchismo en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, las habrá despejado.
En ese sainete en el que se convirtió la comparecencia en diferido de Begoña Gómez, se atropellaron claramente dos derechos fundamentales de cualquier sistema democrático, que además están reconocidos en la Constitución: la igualdad de todos los españoles ante la ley (artículo 14), y el derecho a la información de todos los ciudadanos a través de cualquier medio de difusión (artículo 20, 1.d)
La señora del Presidente del Gobierno, que no tiene ningún estatus especial por serlo, consiguió entrar en los juzgados a través de uno de los garajes, evitando llegar a pie y accediendo por la puerta principal. Para conseguir esto, contó con la inestimable ayuda de la juez decana de los Juzgados, María Jesús del Barco, que atendió a los requerimientos que a tal fin le hicieron los servicios de seguridad del Palacio de la Moncloa, que invocaron graves riesgos para la seguridad de la señora Gómez, y pidieron que entrara en coche por el garaje.
Sería interesante conocer -no va a suceder- el contenido del informe de Moncloa, porque no es una locura pensar que, si hubiera hecho falta para "convencer" a la juez decana, hubieran dicho, pongo por caso, que tenían información sobre un posible ataque de Rusia con misiles dirigidos hacia la esposa del Presidente. Seamos serios: lo que quería Moncloa, lo que quería Sánchez, era evitar a toda costa la foto de su mujer entrado a pie en los juzgados, y ese objetivo se consiguió con la complicidad o al menos la candidez de la señora del Barco. Sería deseable que la juez decana modificara su postura de cara a la nueva citación como imputada de Begoña Gómez el próximo día 19 y que esta tuviera que entrar por la puerta principal, como cualquier otro ciudadano citado en los juzgados.
Pero Sánchez no se conformó con lograr ese objetivo, sino que quiso dejar bien claro quién manda, y de ahí el despliegue policial absolutamente desproporcionado y fuera de toda lógica: veinte furgonetas, las conocidas como "lecheras" y unos 200 policía nacionales. ¿Para qué? Para establecer hasta tres cordones de seguridad, para controlar a no más de 30 manifestantes y para alejar a todos los periodistas de las puertas del juzgado y mandarlos a un carril bus del Paseo de la Castellana, desde donde era imposible hacer su trabajo. Es decir, impidiendo por la fuerza la labor de los medios de comunicación, y violando de esta manera el artículo 20 de la Constitución que es el que consagra el derecho de información.
De esto también debería tomar nota la juez decana, María Jesús del Barco, porque al fin y al cabo se impidió el derecho a la información, también con imágenes, sobre un hecho histórico -es la primera vez que la mujer de un Presidente del Gobierno es citada como imputada en un juzgado- que estaba sucediendo en sus juzgados. Y no puede servir como excusa que se permitiera el acceso a representantes de cuatro agencias informativas.
Es evidente por tanto que, al sanchismo, -que no es otra cosa que esa forma de gobernar basada en el abuso, en la mentira, en la utilización de los medios del Estado para conseguir un fin particular, en la intimidación a quienes son críticos- le estorba, le molesta, le incomoda el cumplimiento estricto de la ley, empezando por la Constitución, y siguiendo por los usos democráticos más elementales, como es el respeto a la separación de poderes. Por no hablar de nombrar Fiscal General del Estado a quien veinticuatro horas antes era Ministra de Justicia, colocar en el Tribunal Constitucional a un ex -ministro de esa misma cartera o a un alto cargo de Moncloa o tener actualmente al frente de la Fiscalía a un señor que puede ser imputado por el Tribunal Supremo por revelación de datos confidenciales de un ciudadano particular.
El sanchismo sólo tiene un jefe, el p*** amo, que diría el sutil ministro de Transportes, pero tiene muchos fieles servidores dispuestos siempre a dar la cara por su jefe, no sea que este se enfade y los lamine. En este sentido, es algo profundamente antidemocráticos los ataques y las campañas que está sufriendo el juez que lleva el caso de la señora Gómez. Esos ataques invaden la división de poderes que debería haber en nuestra democracia, y que eso lo haga el ministro de Justicia es algo que produce sonrojo y vergüenza. Como lo es, que también protagonicen esos ataques dos ministros que son jueces: Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska.
Pero da la impresión que pinchan en hueso, porque el juez Juan Carlos Peinado, como también otros jueces -Pablo Llarena, Manuel Marchena, Manuel García Castellón, Joaquín Aguirre, Beatriz Biedma, la juez de Badajoz que lleva el caso del hermano de Sánchez- , o los cuatro fiscales del juicio del proces Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que se han opuesto a que se amnistíe el delito de malversación cometido, entre otros, por el prófugo Puigdemont, han dado muestras más que sobradas de su independencia, de su honestidad intelectual, de su buen hacer profesional y de su defensa de la Constitución.
A Sánchez le gustaría apartar todos estos "obstáculos" que impiden el avance de su régimen autocrático. Pero tendrá que aguantarse, porque el Estado de Derecho, sólo faltaría, es mucho más fuerte que él: hay jueces, fiscales, periodistas, medios de comunicación, dispuestos a seguir haciendo su trabajo, mal que le pese y le irrite al actual inquilino de la Moncloa. De momento, el próximo día 19, su mujer tendrá que volver a los juzgados de la Plaza de Castilla al estar imputada por dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Señora Juez Decana, rectifique cuanto antes su error, y haga que Begoña Gómez sea una ciudadana más.
