Abascal ha amenazado con dejar caer los gobiernos regionales de coalición con el Partido Popular si aceptan de buen grado nuevos cupos de menores inmigrantes procedentes de Canarias, como ha anunciado el Gobierno a través de una fórmula de reparto. El presidente de Vox considerará "rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de MENAS", una fórmula lo suficientemente ambigua como para que sea la dirección nacional del partido conservador la que diga qué gobiernos se rompen y cuáles se mantienen, aunque todos actúen en este asunto de manera similar.
La cuestión aquí es determinar qué puede ocurrir en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia o Extremadura si Abascal activa la amenaza y ordena a sus líderes regionales dimitir de todos sus cargos en los gobiernos autonómicos afectados. La respuesta es que no va a pasar nada. Porque la dimisión de unos cuantos consejeros no implica que el PP vaya a dejar de gobernar esos territorios. Lo que harán los presidentes afectados es sustituir a los altos cargos de Vox por gente del PP y seguir como hasta ahora, solo que todavía mejor. ¿Cuál es el problema?
La única manera que tiene Vox de perturbar seriamente la pax pepera es montar mociones de censura y votar a favor con el PSOE y la extrema izquierda. La experiencia de la intentona de Ciudadanos en Murcia y Madrid (coordinada desde la Moncloa por Jose Luis Ábalos; ¡Qué tiempos!), se saldó con una catástrofe para las siglas naranja. El precedente nos exime de profundizar en las consecuencias que puede acarrear una acción de este tipo.
Los responsables de Vox en las comunidades afectadas tienen otra opción de efectos mucho más limitados: votar en contra de los presupuestos autonómicos del año próximo junto a la oposición izquierdista. Pero, en primer lugar, tendrán que explicar a sus afiliados el voto en contra a unas cuentas públicas que ellos mismos han diseñado al frente de sus respectivas consejerías. Por otra parte, el rechazo de los presupuestos anuales no implica necesariamente la caída del Gobierno; ahí está Sánchez para probarlo. Al igual que el presidente del Gobierno, los Ejecutivos regionales del PP, ya en solitario, pueden seguir adelante prorrogando los presupuestos de 2024 hasta donde lo estimen conveniente.
Y cuando el Partido Popular se canse de todas estas gansadas, solo tiene que convocar elecciones anticipadas en el momento más oportuno para sus candidatos locales y ver cómo reaccionan los votantes de Vox ante la posibilidad de que la izquierda se haga con las regiones que ahora gobiernan en coalición. Eso sí confirmaría la ruptura de todos los gobiernos regionales de coalición, los de ahora y los futuros, incluido el de España, si algún día fuera necesario. Ese escenario, con decenas de altos cargos de Vox rebotados e incorporados a las filas del PP para mantener el sueldo público, no parece que vaya a preocupar mucho a Feijóo. El recuerdo de Ciudadanos y Arrimadas, en cambio, es tan elocuente, que debería vacunar a Abascal acerca de emprender un camino similar.
Hoy por hoy, lo mejor que puede hacer Vox en los gobiernos autonómicos de coalición es gestionar con eficacia sus capítulos presupuestarios, acabar con la propaganda progre a la que tan aficionada es el PP allá donde gobierna y ampliar la bolsa de votos de su partido de cara a las próximas autonómicas y municipales. Amenazar con hacer saltar todo por los aires es una estrategia suicida y un favor impagable al PP.