Empiezo a escribir esta nota en un lugar lleno de ciudadanos venezolanos con derecho al voto: Vilanova de Arousa, en la provincia de Pontevedra. Y es que en Galicia residen a estas horas más de 43.000 venezolanos, la mayoría de los cuales no podrá ejercer ese derecho por obvias dificultades de transporte hasta su consulado. En el conjunto de España, habitan en torno a medio millón. Por lo demás, el total de la diáspora venezolana por el mundo, que roza dimensiones bíblicas, se supone —lo supone ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU— que andará por una cifra próxima a los ocho millones de personas, alrededor de un tercio de la supuesta población total del país.
Digo "supuesta" porque si ninguna estadística oficial venezolana resulta fiable, la menos fiable de todas ellas es el propio censo poblacional, que lleva sin actualizarse desde 2015. Y a saber cómo llegarán a Caracas las actas de votación que se hayan implementado en los consulados oficiales del régimen sitos en el extranjero. Yo soy muy realista, o sea muy pesimista, en relación a lo que vaya a ocurrir. Al cabo, ambos bandos, tanto el régimen como la oposición, disponen de poderosos incentivos para no reconocer el resultado de la votación.
Porque es cierto que otros gobiernos bonapartistas (no uso el término "populista" ya que está tan manoseado que no significa nada), como el PRI mexicano o los kirchneristas en Argentina, han cedido el mando de forma pacífica. Pero esos otros gobernantes no tenían al ejército detrás como principal actor del poder en la sombra. He ahí lo que distingue al chavismo del resto. Porque los generales del alto mando ni van a renunciar al inmenso poder económico que les otorgó Chávez, ni se van a arriesgar a que se ejecuten las órdenes de extradición a Estados Unidos que siguen en vigor. Y después está Trump, que necesita ganar en Florida. No resultaría extraño que ahora reconociese como presidenta venezolana a Corina Machado, la verdadera líder opositora, si Maduro se aferra al sillón. Poco que esperar, sí.
