Las excusas ofrecidas por el Ministerio del Interior sobre la no detención del golpista prófugo Carles Puigdemont demuestran una pavorosa dejación de funciones, un insólito desistimiento y un absoluto incumplimiento del deber. El gabinete que dirige el desaparecido Fernando Grande-Marlaska parece que intenta convencer al magistrado Pablo Llarena de que la seguridad en Cataluña es absolutamente ajena a la Policía Nacional y la Guardia Civil y que sólo se transmitieron órdenes para su activación cuando Puigdemont ya había puesto pies en polvorosa ayudado por el grupo de agentes de los Mossos que están a sus órdenes, otra grave anomalía en relación al expresidente catalán fugado por partida doble.
Que Interior sostenga que el control de las vías de alta capacidad quedó en manos de los Mossos d'Esquadra supone reconocer la renuncia explícita al control de fronteras, competencia exclusiva del Estado en toda España pero que el Gobierno negocia con Junts per Catalunya (JxCat) —el partido del delincuente— a fin de cederla a la Generalidad. No haber puesto en alerta a la Guardia Civil y a la Policía Nacional tras el anuncio por parte de Puigdemont de que pretendía entrar en España para soltar un mitin a las nueve de la mañana en el centro de Barcelona el día de la sesión de investidura de Illa es una grave negligencia que debería comportar dimisiones, ceses y una remodelación interna de cierta envergadura.
El ridículo no sólo es de los Mossos. Atribuir toda la responsabilidad al cuerpo de policía autonómico que se negó a intervenir en los operativos contra el referéndum ilegal de 2017 y facilitó el golpe de Estado separatista es, como mínimo, una irresponsabilidad que debería tener consecuencias políticas y judiciales. El problema, uno de ellos, es que se trataba de cumplir una orden judicial contra el líder de un partido cuyos siete votos en el Congreso son cruciales para que Pedro Sánchez siga apalancado en la Moncloa. De ahí que resulte una ofensa que Interior asegure en su informe ante el juez que la detención de ese sujeto "ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio".
Se ha permitido además que un prófugo con evidentes conexiones con el régimen criminal de Vladimir Putin se haya paseado por España a placer mientras los Mossos d'Esquadra llevaban a cabo un simulacro bufo de operativo para su detención. Que Puigdemont disponga de agentes autonómicos a su servicio sin que la Generalidad y el Gobierno hayan hecho lo más mínimo por poner fin a esa suma de delitos, que Interior y la administración autonómica catalana se burlen del Estado de derecho y que Grande-Marlaska no considere que esta nueva fuga sea un motivo suficientemente grave como para interrumpir sus vacaciones muestra a las claras que no tenían ningún interés en detener a Puigdemont. El arresto podría haber tenido incómodas consecuencias para el inquilino de la Moncloa del mismo modo que habría supuesto la suspensión del pleno de investidura de Illa y quién sabe si un paso atrás de ERC en el apoyo al candidato socialista.
Todo ello resulta tan sospechoso como las explicaciones que dieron los Mossos, que deberían estar bajo el control del Ministerio de Interior para proceder a su disolución, y las que ofrece ahora el propio departamento de Grande-Marlaska, que confirman el nulo interés que había por poner fin a las peripecias del expresidente de la Generalidad.