Resulta verdaderamente contradictorio que el mismo Gobierno que pretende machacar la política fiscal de la Comunidad de Madrid porque retrata su incompetencia esté dispuesto a ceder a la Generalidad catalana todas las competencias estatales en materia fiscal. No hay criterio racional alguno que pueda justificar el doble rasero, las amenazas a Madrid y las cesiones a Cataluña. Ocurre que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene el menor problema en ofrecer a los partidos separatistas catalanes un concierto similar al vasco que van a terminar pagando Madrid y el resto de las autonomías que no gozan de los privilegios catalanes y vascos.
El acuerdo entre socialistas y ERC para la investidura de Salvador Illa contempla una financiación "singular" en la que no hay atisbo de solidaridad alguna, sino todo lo contrario, como queda de manifiesto en la información que publica Libertad Digital sobre las trampas pactadas por Sánchez con el separatismo para sacar Cataluña del marco nacional. El principio de ordinalidad impuesto por los republicanos desactiva las cláusulas del pacto que aluden a una vaga solidaridad que además deberá estar perfectamente justificada según los criterios políticos del nacionalismo catalán. Esto es que la Generalidad pretende tener voz y voto en lo que el Estado invierta en Andalucía o en Extremadura, por citar dos ejemplos, mientras que hará con el dinero recaudado a los ciudadanos de Cataluña lo que quiera, sin filtro alguno y al margen del resto de las comunidades. Es la independencia económica, paso previo a la política.
Sánchez pretende acallar las voces críticas tanto de su partido como de la oposición con una subasta de condonaciones de deuda autonómica que además de inmoral es la patente de corso para que gobernantes inútiles como los nuestros tapen su pésima gestión. Y, por si no fuera suficiente, con el añadido de que hay que pagar los privilegios de los independentistas.
La puesta en práctica de lo pactado entre Pedro Sánchez y ERC supondrá un golpe letal a la igualdad entre españoles y a la solidaridad entre las regiones de España. La investidura de Pedro Sánchez se saldó con una amnistía para los golpistas que lesiona los más elementales principios democráticos. El pacto para la investidura de Illa y la financiación singular de Cataluña es una andanada contra el Estado autonómico que pone en duda su propia viabilidad económica para satisfacer las ansias de poder socialistas y el odio a España del independentismo.