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Federico Jiménez Losantos

Los jueces rechazan las querellas de Sánchez y empiezan a burlarse de él

Los informes de la UCO han destapado el inmenso lodazal de corrupción encabezado por Sánchez, su familia, su Gobierno, su partido y sus socios

Los informes de la UCO han destapado el inmenso lodazal de corrupción encabezado por Sánchez, su familia, su Gobierno, su partido y sus socios
Europa Press

El rechazo frontal de la querella del presidente del Gobierno contra el juez Peinado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha coincidido con el atrincheramiento del fiscal general del Estado García Ortiz, Don Alvarone, que ha tomado el Ministerio Público como rehén tras su imputación en el Tribunal Supremo, por unanimidad, por el delito de revelación de secretos. Los dos hechos, casi simultáneos, muestran un giro radical en la lucha de Sánchez para situarse por encima de la Ley o arrojársela a sus adversarios.

Con un presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido, que es el Alfonso Armada del golpe de Estado de Sánchez contra el régimen del 78, un fiscal general que actúa como mero abogado particular de los Sánchez-Gómez, y una Abogacía del Estado convertida en vil funcionariado de esta mafia, era de temer que, como fichas de dominó, los jueces fueran cayendo, uno tras otro, del lado de la peor organización delictiva de nuestra historia. Pero la Sala Segunda del Supremo, otros tribunales y diversos jueces, han decidido demostrar al Poder que, como en la famosa querella que le ganó un molinero al rey de Prusia, "aún hay jueces en Berlín". O sea, en Madrid.

La máquina sanchista de mentir se estrella contra las togas

Si Sánchez y su banda de ministros corruptos y periodistas corrompidos no se hubieran lanzado como hienas a la yugular del juez Peinado, tal vez no habría sido tan contundente el rechazo del TSJM a la pretensión del tirano. Si toda la morralla despótica no tuviera por costumbre mentir e insultar sin la menor apoyatura legal real a Isabel Díaz Ayuso, su familia y allegados, tal vez el Supremo no hubiera decidido por unanimidad la imputación de García Ortiz. Pero cada vez que el marido de Begoña la declara al margen de la Ley, y actúa como juez y jurado, fiscal y testigo, está poniendo entre la espada y la pared a quienes tienen como obligación el mantenimiento del orden legal, que Sánchez pretende expropiar a los jueces y apropiarse él. No hay, pues, alternativa: o Sánchez acaba con los jueces o son los jueces los que acaban con Sánchez y su empeño en situarse por encima de la ley.

En el fondo, estos dos encontronazos, saldados con derrotas aplastantes, pero no definitivas, del presidente, dibujan perfectamente la lucha entre las dos legitimidades que se disputan la hegemonía institucional en España. Una, la de los jueces, es la del régimen constitucional, salido del consenso político amplísimo y del abrumador voto popular en 1978. Otra, la de Sánchez y todos los partidos totalitarios -comunistas y separatistas- que lo sostienen parlamentariamente, es la que pretende cambiar el régimen por la puerta de atrás, con unas leyes, cuya cima es la Ley de Amnistía que derogan los principios básicos de todo régimen constitucional, empezando, naturalmente, por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Indultos, trato de favor a los peores terroristas etarras, ruptura de la caja común para comprar los votos de ERC y la investidura de Illa, las más zafias mentiras contra la oposición y el secuestro del Parlamento por Cariño Armengol.

Añadamos las amenazas desde el Gobierno a las autonomías del PP que no obedezcan sus ocurrencias o rechacen la invasión de sus competencias, el uso y abuso de todas las instituciones del Estado, que deben estar al margen de la lucha partidaria, desde el Banco de España a Televisión Espantosa y las docenas de empresas públicas o cotizadas cuya gestión se entrega a una pandilla de inútiles de la intimidad de Sánchez, Begoña, el PSC o el PSOE. No hay un solo ámbito de lo público que no haya sido tomado por Sánchez o de lo privado que no esté ya en su órbita o bajo su amenaza directa. En la práctica, el Estado y amplias zonas de la sociedad civil están ya bajo esa doble legalidad: la legítima y constitucional y la fáctica o gubernamental.

Contra la dictadura de Sánchez, la vigencia de la Ley

Ese horizonte de guerra civil es el soñado por los comunistas de Podemos, la ETA y el separatismo catalán y el vasco —sólo los necios de Génova 13 siguen soñando con que el PNV y un Pujol redivivo les regalen el Poder—, los informes de la UCO han destapado el inmenso lodazal de corrupción encabezado por Sánchez, su familia, su Gobierno, su partido y sus socios bolivarianos, y el Señor Uno ha debido acelerar los tiempos y endurecer el discurso contra los enemigos de su proyectado régimen de poder personal.

Los informes de la UCO explican mejor que cualquier otro argumento de orden psicológico o psiquiátrico, aunque sin duda existen, la virulencia de los ataques al juez Peinado, y las dos querellas dos de Sánchez y Begoña, que han sido rechazadas y objeto de mofa judicial, amén de poner en claro lo que está en juego: ni más ni menos que la amenazada supervivencia del régimen constitucional o su derogación en favor de un régimen de poder personal, ilimitada corrupción, despiece del Estado y jaque a la nación.

Hoy, a las 12, hay una manifestación, de las muchas que harán falta en los próximos meses y años, en defensa de España y de la Libertad.

Ojalá los jueces, o la mayoría de ellos, se manifiesten siempre en el mismo sentido.

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