Los partidos separatistas catalanes pretenden pasar por caja antes de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y los Presupuestos de la Generalidad. Pedro Sánchez y Salvador Illa les deben el 20% de condonación de la deuda autonómica y una financiación "singular" (concierto económico) con una Agencia Tributaria catalana que recaude y gestione todos los impuestos. La factura incluye también la cesión de las competencias en inmigración con sus consecuentes medios y fondos.
La deuda contraída por Sánchez e Illa tiene que ver con sus investiduras. Sin esas concesiones no serían presidentes. Y como los paganos son el conjunto de los ciudadanos españoles, los antecitados están dispuestos a reventar la caja para satisfacer las ansias cleptómanas de sus socios de referencia. Es lo que hay. Ni corrupción ni autoritarismo. Nada puede tumbar a los socialistas, salvo que renuncien a seguir crujiendo a la ciudadanía. No pasará.
Dado que toca pagar resulta interesante el dato de que Cataluña es la autonomía con más deuda en términos absolutos y per cápita. 87.300 millones de euros, 10.878 millones del ala por habitante. Por comparar, la deuda de la Comunidad de Madrid es de 35.800 euros, 5.123 por habitante. Hagan cuentas. El 20% de 87.300 millones son 17.460 millones, exactamente los que reclama ERC (da igual que Junqueras salga o no salga reelegido) con todo el papo. Más la Hacienda catalana y la inmigración. Próxima parada: autodeterminación.
La lluvia de millones que espera el independentismo por cogobernar España (negocio redondo que suaviza los perfiles de la tremenda represión que dicen sufrir por parte del Estado subterráneo) es fundamental para gastos como las indemnizaciones, pensiones, oficinas, personal y demás regalías de los expresidentes de la Generalidad. Torra no puede prescindir de los 122.588 euros que cobra por haber sido el sucesor de Puigdemont. Es el 80% de su salario cuando era el presidente 2.017 de la república de Schrödinger.
También es vital que el joven Pere Aragonés se haga con 108.941 euros al año por los servicios prestados. Para que siga sus estudios o lo que quiera. Artur Mas, otro enorme servidor público, cobra 92.000 euros al año de jubilación, el equivalente al 60% de lo que ingresaba en sus años de gloria al frente del chiringuito que se montó Pujol. La Generalidad, sí.
Montilla, en cambio, no cobra porque estas paguitas son incompatibles con otras actividades profesionales y el hombre se gana mejor la vida de consejero de Enagás. Pero ojo, su oficina de representación es la única que no está en un edificio propiedad de la Generalidad y cuesta 117.053 euros de alquiler anual más otros 8.019 euros de gastos de comunidad.
Cómo será la cosa que hasta un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont también se beneficia del estatus de expresidente con medios y personal a su servicio en su casita de Waterloo, todo ello pagado por el pueblo. El Estado catalán es lo que tiene.