Begoña Gómez se hizo pasar por catedrática cuando su único título es el de esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ese diploma conyugal es el que utilizaba para todos sus negocios, de la cátedra de transformación social competitiva a sus rescates y tratos con empresarios en el mismísimo Palacio de la Moncloa, convertido a los efectos en el marco incomparable de sus chanchullos. La sede del Gobierno no tiene precio como decorado para los bisnes de la señora.
Un juez, Juan Carlos Peinado, la acaba de procesar por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Poca broma. Entre ocho y quince años de cárcel. Por primera vez es enviada al banquillo la señora de un presidente del Gobierno. Y acusada de unos delitos infames.
Este es, de momento, el episodio cumbre de la corrupción sanchista. Tiene su mérito. La competencia es dura. Está el caso del hermano, los de la familia política de las saunas y prostíbulos y el de los amiguetes de la banda del Peugeot, ese Koldo García que se mesa sus cuatro pelos de Iñaki Anasagasti con la cabeza gacha y el digno José Luis Ábalos, con cara de empanado ante las confesiones de sus sobrinitas. Pero hay más, mucho más. Faltan Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero. Y caerán otros prebostes del PSOE salvo que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, pueda hacer algo para impedirlo.
Y es que Mortadelo acaba de profetizar que un tribunal imparcial e independiente revocará la instrucción de Juan Carlos Peinado y la señora de Sánchez no tendrá que adoptar la incómoda postura de la encausada en un banquillo. Ya ni siquiera se defiende su inocencia, caso perdido ante el rastro que ha dejado, sino que se manda el nada sutil mensaje a los jueces de que Begoña Gómez es una línea roja.
Nada que ver con Santos Cerdán o con José Luis Ábalos, a los que Sánchez no ha tenido más remedio que dejar tirados. Pero su mujer es otra cosa y el presidente no concibe que pueda ser juzgada como una cualquiera. La idea de que todos somos iguales ante la ley o que la ley es igual para todos le resulta incomprensible, un galimatías jurídico. Él es socialista, el jefe de la internacional socialista, y no conoce a ningún expresidente o exministro socialista que no se haya convertido en millonario. He ahí las inexplicables fortunas de personajes como José Luis Rodríguez Zapatero o José Bono, entre otros dominicanos. Y le consta de primera mano que no se han hecho ricos trabajando.
En cambio, su esposa hasta se habría tomado la molestia de pegar unas charlas, escribir unas cartas, realizar unos apaños y reunirse con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo en San Petersburgo para hablar de aviones, que debe ser tan apasionante como leer de trenes. Y eso entre otras muchas cosas de primera dama, como ser la pionera de otro título que no existe y no le corresponde, el de primera dama. Ahora mismo, por ejemplo, está en China en calidad de tal porque no le salió de ahí entregar su pasaporte al juez Juan Carlos Peinado, que no pretendía retirárselo sino cotejar en qué fechas y a qué países había viajado. De manual en la práctica judicial.
Los furibundos ataques y avisos de Félix Bolaños no han hecho mella en el juez. Sólo han servido para evidenciar que España no es exactamente una democracia donde se respete la separación de poderes y que el húngaro Orban es un héroe de la democracia comparado con Pedro Sánchez. Las últimas declaraciones del ministro de Justicia sobre el procesamiento de Begoña Gómez son de una obscenidad bolivariana, un arrebato indisimulado de autoritarismo, una intolerable exhibición de desprecio por la legalidad, la igualdad y la libertad. No se puede caer más bajo. Presagian que en España no pase lo que acaba de suceder en Hungría.
Dadas las circunstancias no es seguro que Begoña Gómez vaya a ser juzgada. Que el juicio en el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama no se emita por televisión a diferencia, por ejemplo, del relativo al golpe de Estado separatista, es una prueba de la eficacia de las presiones a los jueces por parte del Gobierno. En una democracia, Félix Bolaños ya estaría siendo investigado por amenazas, obstrucción, injurias y calumnias contra la autoridad judicial, delitos cometidos con publicidad y alevosía, a la vista de todo el mundo y con absoluto desprecio por la Constitución, por el Código Penal y por todos los españoles.
Y es que lo suyo aún es más grave que lo de Begoña Gómez.