Aunque no sea admisible, resulta hasta cierto punto comprensible que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, haya perdido este miércoles la compostura en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno. Y no lo decimos tanto por las acertadas e incisivas intervenciones de la diputada del PP Esther Muñoz o de Cayetana Álvarez de Toledo, que también, sino por el constante goteo de noticias procedentes de los Tribunales que están constituyendo una auténtica pesadilla antes de navidad para el Gobierno: si esta semana arrancaba con las declaraciones de Aldama ante el Supremo, en las que situaba a Ábalos y a Koldo en el papel de recaudadores en B para el PSOE –"hasta 4 millones en comisiones, de los que una parte era para el partido"— , la comparecencia ante el Alto Tribunal que hizo Koldo el martes no resulta menos inquietante. Y es que el otrora elogiado por Sánchez como "último aizkolari socialista", "titán contra los desahucios" y "referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha", se mostró absolutamente incapaz de explicar su súbito enriquecimiento y el de su jefe y exministro de Fomento José Luis Ábalos, para quien este miércoles el instructor del caso en el Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados al apreciar indicios de hasta cuatro delitos como son los de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Aun cuando el PSOE haya querido disimular el colosal aprieto al que le están sometiendo la acción de la Justicia y el imperio de la Ley anunciando que votará a favor de retirar la inmunidad parlamentaria al exministro, lo cierto es que tan presuntos delincuentes como Aldama, Ábalos o Koldo son el hermano y la mujer del presidente, David Sánchez y Begoña Gómez, por no hablar del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por revelación de secretos.
Precisamente este mismo miércoles la esposa del presidente ha sido citada por tercera vez por el juez Peinado y, por fin, ha accedido a declarar por primera vez, si bien sólo por treinta minutos y sólo a las preguntas de su abogado. Ni que decir tiene que la mujer de Sánchez ha negado todo ánimo de lucro y todo trato de favor por ser esposa de quien es y ha descargado toda la responsabilidad en la Universidad, la escuela de Gobierno de la UCM y en los Vicerrectores.
Así las cosas, y ante este panorama, se explica que el ministro de Justicia sólo sepa balbucear las palabras "bulos", "ultra" o "facha" con los que trata de explicar los enormes aprietos judiciales que están teniendo su partido y los familiares directos del presidente del gobierno. Aunque resulte una reacción hasta cierto punto infantil, resulta gravísimo y lamentable que el ministro de Justicia erosione y cuestione el propio sistema de Administración de Justicia. A este respecto conviene recordar que, si bien la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, rechazó que se atribuya "sesgos políticos" a los jueces pocos días después de las gravísimas declaraciones en las que Sánchez acusó a algunos de ellos de actuar en connivencia con el PP, dicha supuesta y en cualquier caso tibia amonestación al Gobierno por parte del Órgano de Gobierno de los Jueces ha sido claramente insuficiente como prueba el hecho de que el pasado domingo Moncloa volviera a la carga contra los togados acusándolos de "no haber completado la transición".
A la vista está que la única transición que quiere completar el corrupto gobierno social-comunista de Sánchez es la que transforma una democracia liberal en una República bananera en la que el Gobierno no se somete sino que denigra al Estado de Derecho.
