No es simplemente un político, ni un ciudadano, ni siquiera un hombre. Sánchez acaba este desventurado 2024 como un régimen. Actúa como algo más que un poder o un gobierno, es un caudillo que presume de evadir la ley, que injuria a los jueces, se cisca en la Constitución y se burla de los impuestos que, para financiar sus planes, inflige a los españoles, y que los suyos no pagan. Los presuntos delitos cometidos por su familia, su Gobierno y su partido lo han llevado adonde quizá siempre quiso llegar: a actuar como un régimen de poder personal. Cada día de forma más descarada, Sánchez, sus socios y su pandilla mediática se proclaman por encima de las leyes que, por otro lado, siguen imponiendo al resto de españoles, pero que ellos disfrutan incumpliéndolas. Ya no hay marcha atrás, ni parece posible volver a una cierta apariencia de normalidad constitucional. Sánchez y su corte -porque así actúan, como un Estado sin proclamar pero que no reconoce el anterior- han ido tan lejos en el desafío a las leyes que nos encontramos en el dilema de imponérselas o admitir que nos las ha derogado todas. Nunca ha sido tan claro que o España acaba con Sánchez o Sánchez acaba con España.
Adiós al artículo 20 de la Constitución Española
La clave de toda dictadura moderna es la mentira, como ya profetizó Revel en El conocimiento inútil, y empieza por borrar toda diferencia con la verdad. El paso siguiente es proclamar mentira perseguible todo lo que se oponga a sus intereses. Y el definitivo es atacar en público y privado a los que se empeñen en actuar como si el poder sobrevenido e ilegítimo tuviera que respetar las libertades de expresión, reunión y asociación, claves de toda sociedad democrática y liberal, expresamente proclamadas en la Constitución Española. El de la libertad de expresión dice así:
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Artículo 20
1.Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2.El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3.La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4.Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5.Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial."
Aunque farragoso en su articulado, fruto de la presión en los redactores de la izquierda y los nacionalistas, el texto abre y cierra con lo fundamental: los artículos 1 y 2 proclaman un derecho y el 5 pone en manos de los jueces la garantía de su ejercicio concreto y real. Lo demás es hojarasca precautoria o conjuro de los que temen y odian la libertad ajena. Pero la jurisprudencia del Constitucional ha ido en la única dirección posible, en favor de la libertad de expresión, frente a los recelos del Poder. Al menos, hasta este cambio de régimen que Sánchez y Pumpido vienen perpetrando mediante sentencias que son auténticas leyes derogatorias del texto constitucional y del poder legislativo, la última, proclamando nada menos que persona jurídica al Mar Menor. Pronto lo será la mentira si sirve al progreso social, supeditado a su vez a los intereses de Sánchez y su pandilla.
Periodistas contra la libertad y una Oposición que disfruta del espectáculo
En los últimos días, Sánchez ha proclamado la legitimidad de la obstrucción a la acción de la Justicia del fiscal general del Estado, al borrar los correos que demuestran su participación directa en la conjura para destruir a Isabel Díaz Ayuso a través de la vulneración de derechos de su novio. Lógico, se dirá: se organizó en la Moncloa y en ella participaron varios ministerios, altos cargos de Presidencia y comisarios mediáticos de su cuerda, como Angélica Rubio, premiada con el sueldo de consejera de RTVE y que daba órdenes a Lobato sobre cómo utilizar institucionalmente el fruto de ese delito. Pero Sánchez ha ido más allá de la lógica, actuando como una suerte de tribunal popular de una sola persona, y ha instado a la Oposición a pedir perdón a García Ortiz, por, dijo, haberlo acusado de lo que él sabe perfectamente que es cierto, que prevaricó al acceder y difundir ilegalmente datos privados de un ciudadano para destruir a una rival política.
Lo peor, porque demuestra que ya hay instituciones y medios actuando al margen de la ley, es que las grotescas palabras de Sánchez iban acompañadas de titulares idénticos en los panfletos de Prisa y Pre-Escolar: la guardia civil -decían- no encuentra pruebas de la participación de García Ortiz en el caso del novio de Ayuso. La verdad es que la guardia civil ha encontrado pruebas de que el Fiscal ha borrado todos los correos que prueban su participación directa en los delitos orquestados por él mismo al servicio de Sánchez, pero que ese nuevo delito, pasmoso en el primer encargado de que se cumpla la Ley, ha quedado demostrado en las capturas de los móviles que recibían esos correos delictivos.
Mentía, pues, Sánchez y su olla de grillos subvencionados, como Bolaños, caricatura de sí mismo, cuando instó al PP a pedir perdón a Puigdemont tras el auto de la Audiencia de Barcelona contra el juez Aguirre en el Caso Voloh, el de la injerencia rusa en el golpe de Estado catalán de 2017. Estamos a punto de que Sánchez, Estado dentro el Estado antes español, mande a las víctimas de la ETA pedir perdón a los asesinos y respetar su libertad y su derecho a matar para defender sus ideas. Aquí sólo tienen derechos los que niegan a los españoles los que consagra su Constitución. ¿Y la Oposición? Tocando el violón, disfrutando el espectáculo y soñando con que el PNV los devuelve a la Moncloa. Mal año este 2024, y peor el que viene, con Sánchez dispuesto a imponernos su propio Estado, el de la mentira y el delito, que tenemos, además, la obligación de aplaudir.
