El Partido Popular lo tiene mal a estas horas para ganar eso que los periodistas modernetes y cursis llaman "la batalla del relato". Y es que en un país de viejos resulta muy complicado vender una no subida de las pensiones por mucha imaginación que se le ponga a lo del relato. Algo que, por supuesto, la dirección del PP sabía perfectamente antes de decidirse a tumbar el Decreto Ómnibus en el Hemiciclo. Lo de Vox fue mucho más normal. A fin de cuentas, Vox es un partido anti-todo que únicamente acude al Congreso para montar números cara a la galería. Una vocación, esa suya por la praxis política adolescente, que, por lo demás, le sale gratis.
Pero PP y Junt (también Junts, sí) son grupos con vocación de Gobierno, algo muy distinto a la ruidosa claque iconoclasta de Abascal. Y como no nos vamos a creer esa bobada, lo del palacete del PNV, la explicación al rechazo solo puede pasar por la prohibición de los desahucios. España, no se olvide, es un país de pequeños rentistas inmobiliarios. Porque la manera que tiene la clase media española de ahorrar y de defenderse contra la inflación sigue siendo comprar pisos. De ahí que la de la okupación, pero sobre todo la de la inkiokupación, constituya una materia que logra crispar a amplísimos estratos de esos votantes que perciben cada vez más desprotegido su derecho a la propiedad por parte del Ejecutivo.
No obstante, el cálculo de PP y Junts ha sido muy arriesgado y peligroso. Porque no resulta nada fácil adivinar si, al final, pesará más el miedo congénito de los pensionistas o el cabreo de los caseros estigmatizados y demonizados por el Gobierno. Por otro lado, Junts se ve sometido ahora a la presión competitiva de ese nuevo partido de extrema derecha que acaba de irrumpir en su espacio electoral tradicional, el de la Cataluña rural y profunda. Al respecto, conviene saber que okupación e inmigración resultan ser casi términos sinónimos hoy en el País Petit. La solución, en el próximo sondeo del CIS.