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La Justicia estrecha el cerco a la corrupción del gobierno

El problema para Sánchez sigue ahí, con absoluta independencia de que Ábalos ejerza de "cortafuegos" dando muestra de esa "lealtad que nadie entiende".

A escasas horas de que el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, acuda a declarar este jueves como imputado ante el Tribunal Supremo por la presunta adjudicación de contratos al empresario Victor de Aldama y sus socios a cambio de comisiones, el también ex nº 2 de Pedro Sánchez ha concedido una entrevista al diario El Mundo en la que, si bien se ha presentado como el "cortafuegos del PSOE para que no afecte a nadie más", también considera que este monumental caso de corrupción "va a escalar".

Habida cuenta de esa "lealtad que nadie entiende" que el propio Ábalos dice profesar a su partido en esa entrevista, no creemos que sus declaraciones ante el Supremo contribuyan a que el escándalo "escale" o sirva para despejar la X en el "caso Koldo" que el Partido Popular, con sobrados motivos, atribuye el nº1 de PSOE, es decir a Pedro Sánchez. De hecho, en esto parece confiar ciegamente el actual ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, quien ha corrido desde Bruselas ha desmentir esa posibilidad sobre la base de la "falsedad" de las denuncias.

El problema para Pedro Sánchez radica, sin embargo, no sólo en el hecho de que el caso Koldo puede escalar con absoluta independencia de que Ábalos se preste a ejercer de cortafuegos dando muestra de esa "lealtad que nadie entiende", sino que hay muchos otras ramificaciones de este caso de corrupción y otros que le afectan directamente a él y a su Gobierno, como es el procesamiento de su hermano David Sánchez, las acusaciones de corrupción dirigidas contra el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres o el hecho de que el rescate de Sánchez a la aerolínea venezolano Puls Utra también sobrevuele la trama Koldo.

Así, mientras David Sánchez intenta evitar que la juez Beatriz Biedma investigue al asesor de Moncloa, Luis Carrero, que se dirigía a él como "querido hermanito", las acusaciones populares han solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 que llame a declarar a ambos y que, además, realice un peritaje de su firma para tratar de aclarar si, tal y como sospechan, los preceptivos informes anuales sobre el trabajo del músico en la Diputación de Badajoz, entregados hace apenas dos semanas en el Juzgado, pudieron haber sido "preconstituidos", ya que, a diferencia de lo que sucede en otros departamentos, estos dosieres fueron firmados a mano y no llegaron a la Diputación hasta después de que fueran reclamados por la jueza para ser incorporados a la causa.

En cuanto al ministro Torres, quien sigue intentando librarse de las acusaciones lanzadas por Aldama respecto al uso de los pisos con "señoritas", siguen saliendo información de las distintas ramificaciones del caso Koldo-PSOE, como la centrada en la investigación original de los contratos de mascarillas a la trama y la razón por la que el entonces presidente autonómico de Canarias pagó a la trama mascarillas un 560% por encima del valor de mercado.

Lo que parece evidente es que, por mucho que el gobierno denigre las acusaciones como bulos o por mucho que denigre a los Tribunales de practicar lawfare, la justicia perece tan decidida a perseguir estos escándalos de corrupción como Sánchez a mantenerse, como sea, en la poltrona.

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