Como en tantas otras cosas, en lo de las fronteras, las instituciones, la clase política en general y el Gobierno de España en particular también están practicando una vergonzosa dejación de funciones. La ya casi omnipresente cultura woke y las décadas de manipulación del lenguaje y de los centros de opinión, desde la Universidad a la educación en general, desde las asociaciones a los sindicatos, desde los medios de comunicación a las redes sociales, han conseguido que se identifique la lógica y constitucional obligación de proteger las fronteras del país con el concepto de xenofobia e incluso con el de racismo.
En un contexto internacional en el que la inmigración no sólo es necesaria sino que también es imparable, conjugar su gestión con la protección de las fronteras, como elemento de filtro cualitativo y cuantitativo es una de las más necesarias obligaciones que han de afrontar las instituciones, no como un concepto que tenga que ver ni con la raza ni con el rechazo a ningún tipo de ser humano, sino como instrumento para asegurar la seguridad de la ciudadanía por la vía del filtrado de qué tipo de inmigrantes pueden o no llegar a nuestro país, a nuestro continente; y como llave de paso reguladora de la cantidad de ciudadanos que desean incorporarse a nuestra sociedad, en función de los que pueden ser asumidos.
La frase "África no cabe en Europa", o la imagen de la superposición del Viejo Continente sobre la inmensidad del territorio africano pueden resultar lesivas para el mundo izquierdista de lo políticamente correcto y de la secular tergiversación de la realidad, de la historia, de la economía y de la política que practican el socialismo y el comunismo desde que existen, pero no dejan de ser asertos absolutamente incuestionables.
Si convenimos que los 1.500 millones de africanos no pueden ser acogidos en Europa, continente que no llega a los 500, es obligatorio establecer políticas regulatorias y de control, en lugar de filosofías suicidas, utópicas y, sobre todo, ilegales, como las que está practicando el gobierno social-comunista, cuyos efectos de distorsión social no han hecho sino comenzar.
Pero, en paralelo a todo esto, en Canarias y sobre todo Andalucía, hemos comenzado a sufrir una consecuencia paralela a esta intolerable y vergonzante dejación de funciones fronterizas del gobierno, como es la normalización del tráfico de drogas a través del Mediterráneo. La desprotección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en el Estrecho ha alcanzado ya cotas dramáticas, que han supuesto que se nos queden vidas humanas por el camino, mientras que al otro lado del territorio andaluz, las playas de Almería se han convertido en habitual espacio de parada y fonda para narcolanchas que llevan ya algún tiempo convirtiendo las playas, ya no sólo salvajes sino también ahora las urbanas, en descargadero de fardos ante la mirada impotente de los ciudadanos.
Mientras el gobierno mira para otro lado y trata de defender el fuerte con tirachinas ante los ataques de fuerzas nucleares, la costa andaluza se ha convertido en un colador para el tráfico de personas y en una plataforma de aterrizaje para los comerciantes de la droga, poniendo en peligro no sólo la vida de los agentes que no cuentan con los medios adecuados para combatirlo ni tampoco con la presión del ejecutivo social-comunista para hacer frente, sino también incluso nuestro propio modelo de vida.