El PSOE y el Gobierno suele desdeñar las críticas al actual Tribunal Constitucional exigiendo respeto a todas las resoluciones judiciales. Aparte el hecho de que el Constitucional no es, a pesar de su nombre, un tribunal, no es aceptable que los socialistas exijan consideración para las resoluciones de los elegidos de Sánchez y luego acusen de estar prevaricando a jueces, que lo son de verdad, cuando resuelven en su contra. La cara dura llega al extremo de reclamar a quienes dudaron de la honorabilidad del fiscal general que pidan perdón porque no se han encontrado las pruebas de su delito por la sencilla razón de que el propio fiscal las destruyó.
Como los socialistas consideran que, si no hay delito, el comportamiento no puede ser valorado más que de intachable, cuando el tribunal de Pumpido enmendó la plana al Tribunal Supremo y a la Audiencia de Sevilla, Chaves y Griñán fueron paseados en procesión como la mismísima encarnación del buen gobierno y un ejemplo de escrupulosa administración de los bienes públicos. Y amenazaron con toda clase de querellas a quienes siguieran tildando de delincuentes a tan honrados camaradas. Todo quedó en nada. No hubo querella alguna y los susodichos se volvieron a ocultar en el agujero en el que habían estado escondidos desde que fueron condenados. Los poderes sanadores de Pumpido no llegan a tanto.
La Audiencia de Sevilla ha visto en las sentencias del Constitucional varios problemas que le exigen plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea. Básicamente, se trata de dos cosas. La primera es si es conforme con el Derecho Europeo que un tribunal de garantías constitucionales, que no forma parte del Poder Judicial, reinterprete las normas de forma diferente a como lo hizo un verdadero tribunal, limitando de esta forma la independencia de los jueces. Este asunto es delicado y no está claro que el Tribunal de la Unión Europea tenga jurisdicción para resolver al respecto.
Sin embargo, hay una segunda cuestión en la que el tribunal europeo tiene mucho que decir. Y es si es compatible con el Derecho de la Unión Europea la doctrina consagrada por el Tribunal Constitucional español para poder exculpar a sus compadres. Esto es, la de entender que está libre de todo control jurisdiccional la actividad presupuestaria. Pues fue precisamente esta actividad presupuestaria la que abrió los agujeros por los que luego pudieron los otros condenados distraer los millones de euros de dinero público. Y esta doctrina, por llamarla de alguna manera, es abiertamente opuesta a los intereses financieros de la Unión.
Cuando las instancias judiciales europeas pongan en evidencia a Pumpido, ya no serán plumillas legos, ni juristas de tres al cuarto, ni políticos de la oposición, ni leguleyos de la caverna quienes pondrán de chupa de dómine al ilustre don Cándido. Y veremos cómo se escurre por el sumidero el mucho o poco prestigio que como jurista de alcurnia hubiera podido acumular el gallego durante su extensa vida profesional. Todo vendido por un plato de sanchismo con monchetas. Así se le indigesten.