La absolución del futbolista Dani Alves de un delito de violación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha puesto a la izquierda en pie de guerra y al Gobierno a realizar soflamas anticonstitucionales. En ambos casos, lo que era de esperar.
La ultraizquierda ha colocado al frente de esta burda campaña de insultos y amenazas contra los magistrados del TSJC a Irene Montero, la ministra que propició con su estúpida ley del solo sí es sí la rebaja de penas y puesta en libertad de más de 1.200 violadores y pederastas. Con esta reforma legal, impulsada por la facción podemita del Gobierno, el testimonio de una mujer prevalece sobre cualquier otro. Sin embargo, todas las declaraciones que se producen en el transcurso de un juicio han de estar probadas de manera consistente, algo que no ocurre en este caso según han dictaminado los jueces tras examinar todas las pruebas puestas de manifiesto durante el proceso.
En concreto, la denunciante aseguró haber sido acosada e intimidada por Dani Alves antes de entrar al baño, algo que el vídeo de las cámaras de seguridad desmintió. También negó haberle practicado una felación y haber sido violada en una determinada posición pero, en ambos casos, las pruebas materiales también demuestran lo contrario. Con estas evidencias sobre la mesa, los magistrados del TSJC han decidido absolver al acusado, pero no porque crean que la víctima mintió o le nieguen su derecho a cambiar de opinión ante una relación sexual, dos cuestiones nucleares en la reforma legal ultraizquierdista, sino porque los hechos y las pruebas aportadas desmienten sus acusaciones respecto a lo que ocurrió en los baños de la discoteca donde se produjeron los hechos.
El Gobierno debería mantenerse al margen de estas campañas de amenazas desatada por las organizaciones de su cuerda, pero hablamos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, un grupo de advenedizos al servicio incondicional del líder, que ha hecho de la intimidación y el chantaje su forma normal de actuar en política. Una vez más, asistimos a un espectáculo bochornoso protagonizado los inefables Bolaños y María Jesús Montero, dos personajes caracterizados particularmente por su fervor sanchista.
El ministro de Presidencia se ha permitido recomendar un curso de perspectiva de género a los cuatro magistrados firmantes de la sentencia, a pesar de que tres de ellos son mujeres y, además, de fuertes convicciones progresistas. En cuanto a la vicepresidenta Montero, ni siquiera su acreditada falta de formación jurídica y la peculiar relación que mantiene con la gramática española disculpan su rechazo público y formal a la presunción de inocencia, precisamente el elemento fundamental de una Justicia merecedora de tal nombre.
El sanchismo y sus aliados son los principales enemigos del Estado de derecho, como hemos visto una vez más en un caso caracterizado por su innegable proyección mediática. Pero los jueces dictan sus sentencias en atención a las pruebas presentadas y no a las campañas de acoso organizadas en las redes sociales, única forma de garantizar la aplicación correcta de la ley a cualquier acusado, llámese Dani Alves, José Luis Ábalos, Koldo García, David Sánchez, Begoña Gómez o Víctor de Aldama.