No sabemos qué nos resulta más bochornoso, si los indicios que apuntan a que el recién reelegido secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, pudo cometer, desde su cargo de presidente de la Diputación de Badajoz, delitos de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal en relación a la creación del puesto de trabajo adjudicado al "hermanísimo" del presidente del Gobierno, David Sánchez; o la catarata de maniobras caciquiles que Gallardo ha llevado a cabo para lograr ser diputado autonómico y, por tanto, aforado a las puertas de la apertura del juicio.
Vaya por delante que no hay que confundir aforamiento con inmunidad o inviolabilidad, pues el aforamiento no deja de ser una situación jurídica según la cual determinadas personas, por el cargo que ocupan o por la función que desempeñan, tienen un fuero distinto y no son juzgadas por los tribunales ordinarios que correspondería, sino por otros, en nuestro caso por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ahora bien, es indudable que el aforamiento dilata el proceso y, sobre todo, que los hechos por los que se investiga a Gallardo no están, lógicamente, en relación a su recientemente buscada condición de diputado autonómico sino en relación a sus funciones como presidente de la Diputación de Badajoz, cargo que no goza de aforamiento en el ordenamiento jurídico español.
De hecho, hasta hace escasos días, Gallardo había repetido hasta la saciedad que no entraría en la Asamblea hasta que no se cerrase la investigación en torno a David Sánchez. Pero lo más bochornoso es la cantidad de maniobras caciquiles que el líder de los socialistas extremeños ha tenido que llevar a cabo para incumplir su palabra. Y es que para que el presidente de la Diputación de Badajoz haya podido acceder a la Asamblea regional ha sido necesario que uno de los 16 diputados autonómicos del PSOE por la provincia de Badajoz dejase su escaño y que cuatro personas integrantes de la lista electoral socialista renuncien a la posibilidad de ser diputado autonómico.
Asi, la diputada María de la Cruz Rodríguez dimitía este martes con la esperanza de que su renuncia en favor de Gallardo fuera recompensada con el cargo de nueva subdelegada del gobierno en Badajoz. De hecho, a la actual subdelegada, Maribel Cortes, ya le habían comunicado su cese, pero cuando la noticia —adelantada por el diario Hoy— ha trascendido a los medios, el revuelo y las críticas por esta colosal cabildada han sido tales que, al menos por el momento, se ha frenado el nombramiento.
Aun así, cabe preguntarse si los socialistas en Extremadura están al servicio de los ciudadanos extremeños o están al servicio de su líder, léase Gallardo o el propio Sánchez. Es más, lo que cabe preguntarse, vista la monumental cacicada de Gallardo con tal de obtener su injusta condición de aforado, es de qué no fue capaz con tal de contentar al presidente del gobierno en relación al contrato que la diputación concedió a su hermanísimo David Sánchez.