Mientras la Fiscalía sale una vez más al rescate del PSOE pidiendo el archivo de la causa, los nervios comienzan a extenderse en la federación extremeña, conscientes de que, pese a los intentos a la desesperada del Ministerio Público, todo apunta a que no solo verán sentado en el banquillo de los acusados a David Sánchez, sino también a su recién reelegido secretario general, que podría quedar fuera de juego de cara a las próximas elecciones debido al papel determinante que ostentó en la contratación del "hermanísimo" desde su cargo de presidente de la Diputación de Badajoz.
El pasado mes de enero, Miguel Ángel Gallardo se impuso con un 61,78% de los votos en unas primarias que demostraron hasta qué punto el partido está fragmentado en la región. Sin embargo, ahora el problema es mucho mayor, por cuanto su líder podría ser inhabilitado durante nada menos que 27 años. "Si alguien piensa que me va a doblar las piernas, está muy equivocado", decía Gallardo ante la prensa local este jueves. Sin embargo, de puertas para dentro, los socialistas no esconden la preocupación que les genera tanto la determinación de la juez Biedma, como los innumerable indicios existentes.
Un líder en la cuerda floja
El escrito de acusación presentado este miércoles por Manos Limpias y suscrito por Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum, Abogados Cristianos, Vox y PP concluye que fue él, junto con la diputada y la directora de Cultura, quienes "decidieron la creación del puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz que acabó denominándose ‘Coordinador de las Actividades de los Conservatorios’ con el claro objetivo de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón, quien en ese momento carecía de trabajo estable, y a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad".
De esta forma, las acusaciones populares consideran que Miguel Ángel Gallardo habría incurrido en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal, y piden para él tres años de prisión. Sin embargo, al dividir la condena en dos penas de año y medio cada una, el secretario general de los socialistas extremeños no entraría en la cárcel, por lo que lo que más le preocupa en estos momentos es la petición de hasta 27 años de "inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo", lo que le dejaría totalmente fuera de juego y provocaría una nueva crisis en un partido que desde la marcha de Guillermo Fernández Vara no parece encontrar un liderazgo sólido.
Malestar en las filas socialistas
Con todo, la procupación en las filas socialistas es más que evidente. Tras el auto de la juez Biedma dictando el procesamiento de David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y otros 9 imputados en la causa, el Partido Popular pidió al líder de los socialistas extremeños que dimitiera, aplicando el código ético del PSOE. Sin embargo, el partido alegó entonces que solo estaba obligado a hacerlo en caso de ser condenado.
"Mientras no dan explicaciones, sí han salido corriendo los palmeros del PSOE a salvar al soldado Gallardo, para decir que el secretario general del PSOE no tiene que dimitir porque han cambiado los estatutos", denunció el portavoz de los populares, José Ángel Sánchez Juliá, quien insistió en que, si algo estamos viendo es que "la ética del PSOE, cual yogur, tiene fecha de caducidad, porque cuando el señor Gallardo fue elegido presidente de la Diputación de Badajoz, cuando el señor Gallardo en su primer congreso fue elegido secretario general del PSOE de Extremadura, asumió un código ético en el cual decía que si era procesado tendría que abandonar la militancia".
Ahora, la imposición podría venir directamente de los tribunales, ya que una inhabilitación le impediría tanto seguir siendo secretario general de los socialistas extremeños, como presentarse a las próximas elecciones, un escenario que en sus propias filas no gusta ni lo más mínimo. "Ya empieza a haber un runrún interno, ya empieza a haber gente que está incómoda con esta situación —advertía ya hace unas semanas Sánchez Julia—, porque la inacción del señor Gallardo y el silencio cómplice de todos los miembros de su ejecutiva no convence ni a militantes del PSOE ni mucho menos a los extremeños, que están esperando una explicación de por qué han convertido la Diputación de Badajoz en una regleta para montarle un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez".
Su papel en el enchufe
Alcalde de Villanueva de la Serena durante 21 años, Miguel Ángel Gallardo aterrizó en la Diputación de Badajoz en 2015. Tal y como han desvelado los informes de la UCO, a pesar de que, durante la elaboración de los presupuestos del año 2017, el propio Gallardo consideró "excesiva" la propuesta de gasto para cubrir las necesidades de personal, tres días más tarde, se ordenó la creación de "un puesto de alta dirección en el seno del Conservatorio Superior de música" que hasta entonces ni siquiera se había contemplado. Aquello supuso "un aumento de 123.000 euros" en la partida de gasto.
Finalmente, el 10 de julio de 2017 —mes y medio después de la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE—, la Diputación de Badajoz, presidida por Gallardo, suscribía con David Sánchez el contrato por el que se convertiría en coordinador de Actividades de los Conservatorios, cargo que, a partir de 2022, se transformaría en jefe de la Oficina de Artes Escénicas, después de que la Diputación camuflara el cambio de puesto en una mera "modificación" del nombre para no sacarlo a concurso, permitiéndole dedicarse únicamente a las funciones que más le interesaban.
"Una vez ocupado el citado innecesario puesto, se le permitió trabajar lo que él quería, no hacia jornada alguna, ni nadie se la controlaba, no fichaba, apenas sí iba por la Diputación, y no se le conocen compañeros de trabajo, subordinados, colaboradores, ni resultados de su trabajo alguno", concluyen las acusaciones populares.
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