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Cacería gubernativa contra los propietarios

La incompetencia del Gobierno en materia de vivienda es antológica. Todas sus iniciativas han perjudicado a quienes intentan comprar o alquilar un piso.

El Gobierno pretende extinguir al propietario de vivienda, ese ciudadano que a base de mucho trabajo y esfuerzo posee un piso o dos, tal vez una segunda residencia de uso vacacional que trata de rentabilizar en el mercado turístico para afrontar así el pago de la hipoteca. En su despiadada guerra contra la propiedad privada, el Gobierno dibuja un mercado inmobiliario en el que sobrevuelan los fondos buitres a la espera de desahuciar a ancianas que encima pagan alquileres abusivos. Esa es la caricatura del Ejecutivo, el trazo grueso con el que pretenden justificar la inminente campaña fiscal contra los propietarios de dos viviendas del tipo que sean porque ahora se va a considerar gran tenedor a quien tenga dos pisos y no cinco.

La incompetencia del Gobierno en materia de vivienda es antológica. Todas sus iniciativas han perjudicado a quienes intentan comprar o alquilar un piso. La inseguridad jurídica, la inestabilidad institucional, los impuestos arbitrarios y abusivos, las penalizaciones, los topes al alquiler en las llamadas zonas tensionadas, las amenazas a los propietarios, la delirante permisividad con los allanamientos, sean del tipo que sean, y demás decisiones del Ejecutivo de Sánchez han convertido la actividad inmobiliaria en un auténtico infierno, sobre todo para quienes tratan de acceder a la compra o el alquiler de un piso en condiciones de una cierta viabilidad.

La última "idea" socialista para acabar de destruir el mercado inmobiliario en España es redoblar los impuestos sobre las viviendas vacías, las viviendas destinadas al turismo y las segundas residencias. Se trata de exprimir a los propietarios, de hacerles la vida imposible. Lo siguiente es directamente la expropiación, tal como sugieren algunos referentes periodísticos del Gobierno para afrontar lo que denominan "emergencia habitacional".

Dado que la intención del Ejecutivo con su próxima estocada fiscal es impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, según su propia propaganda, que a nadie le quepa la más mínima duda de que los alquileres van a seguir subiendo. Y también los abusos. Sobre todo cuando el Gobierno pretende responder a dichos abusos con abusos más groseros y en su caso masivos.

Al Gobierno de Sánchez le parece que el IVA, el IRPF, el IBI y el impuesto de Sucesiones, entre muchos otros, no son suficientes tributos, que todavía se puede exprimir más al propietario, crujir a impuestos a quienes posean un piso, uno solo, en el alquiler turístico, acosar a quienes no quieran alquilar en las condiciones que dicta el Gobierno, chantajear a los inversores y manipular la oferta y la demanda para que no exista ni una cosa ni la otra. Mientras tanto aún no se ha puesto ni un solo ladrillo de los cientos de miles de pisos sociales que el Gobierno promete cada dos o tres semanas desde finales de la pasada legislatura, cuando se dijo que los terrenos militares se iban a convertir en gigantescas promociones de viviendas del sanchismo.

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