No contribuiré a la suma de sintagmas más o menos ocurrentes, o a la utilización compulsiva de adjetivos para definir lo que está ocurriendo en estas tristes horas. Sobre los hechos que contiene el informe de la UCO ya se encargará la prensa, especializada o no, de trocear lucrativamente la información. Como tampoco analizaré la psicopatología del corrupto español, que responde indefectiblemente a una secuencia reactiva muy reconocible: primero niegan la corrupción, después buscan justificación en los informes administrativos emitidos por funcionarios actuarios, y, cuando ya todo es inevitable, apelan a que actuaron de buena fe, con desconocimiento de sus obras, buscando un chivo expiratorio para cargar con la culpa. La cuestión es que cuando la cesta se llena de chivos espiados y expiados, el olor pútrido a descomposición lleva a que, más de uno quiera salir del cesto, y cante la Traviata.
En esta tragedia a tres actos, hay unos intérpretes de reparto que no son insustanciales, por mucho que pudiera parecer a primera vista: somos nosotros, los funcionarios que intervenimos en esos procedimientos administrativos. Para quienes son iletrados en materia de contratación pública, podría parecer que el "modus operandi" delictivo es muy básico y consiste en que el Ministro o el presidente de una entidad de su departamento estampa su firma en un contrato amañado, sin ningún trámite intermedio, para adjudicar un contrato a una empresa a cambio de una comisión. Nada más lejos de la realidad. Para que ese contrato se formalice, es necesario el concurso de muchos empleados públicos, que, de un modo u otro, han tenido que recibir instrucciones directas o indirectas, para adjudicar un contrato a una empresa determinada.
Tal es así que en un procedimiento de contratación pública a través de concurso publicado en un diario oficial, la puntuación final de las empresas licitadoras es el resultado de la suma de la puntuación de la oferta económica, que es automática en su valoración, y de la puntuación de la oferta técnica, que puede alcanzar un porcentaje sobre la valoración final, en muchas ocasiones, del treinta o del cuarenta por ciento. Es evidente, pues, que el funcionario que emite este informe es crucial a la hora de determinar quién es el adjudicatario. Por tanto, si se confirma que hubo adjudicaciones a favor de terceros a cambio de comisiones, es evidente que los funcionarios que emitieron estos informes técnicos tenían instrucciones directas o indirectas para puntuar favorablemente, de modo que la suma de ambas puntuaciones colocase al licitador seleccionado delictivamente en primera posición.
Es evidente que esos funcionarios, y pueden ser unos cuantos, eran receptores de un mandato y que actuaron en conciencia, revestiendo un delito en un supuesto informe técnico. Lo mismo podría decirse de las modificaciones de los contratos o de la revisión de precios en la fase de liquidación final de contrato, a partir de mediciones realizadas por técnicos. Por consiguiente, una vez que se identifiquen los contratos presuntamente adjudicados ilícitamente a cambio de comisiones, procede llamar a declarar a aquellos funcionarios que emitieron los informes, con el fin de que respondan de su gratitud. Es más, le falta tiempo a Óscar Puente para abrir una auditoría interna para analizar esos contratos, con la misma diligencia o negligencia con la que abrió el procedimiento de inspección interna para el caso de las mascarillas.
Alguien se preguntará cómo es posible que los funcionarios, que tienen asegurada su plaza, pueden acceder a estas peticiones. Las razones son múltiples: en ocasiones, la recepción también de comisiones, en metálico o en especie, sin descartar el viejo procedimiento de contratar a un familiar en la empresa o hacer hueco en un puesto de responsabilidad al corrupto en el futuro cuando abandone la Administración. Otras veces, es el miedo: el miedo a perder el puesto de Subdirector o análogo, el miedo a que pierda el Consejo de Administración que se les concedió, el miedo a dejar de percibir productividad o simplemente el miedo al cese. Es muy triste pero es así. Cuando a mis veintitrés años conseguí la plaza de Inspector de Finanzas del Estado, pensé que había comparado vitaliciamente mi libertad individual y también la profesional, porque mi único superior jerárquico era la Ley dada. Sin embargo, veo que no todos piensan y actúan igual. Y así nos va.