El presidente del Gobierno dio ayer un nuevo paso, tal vez definitivo, en su deriva antisemita. El anuncio de las medidas contra Israel sin que medie ninguna acción del Estado judío contra España sitúa al Gobierno de nuestro país en el grupo de las dictaduras y teocracias que apoyan el terrorismo palestino y sus acciones criminales contra el pueblo israelí.
Sánchez anunció el embargo de armas a Israel, la prohibición de entrar en España a todas las personas "que colaboren directamente con el genocidio", más dinero para Gaza y colaboración con las "autoridades palestinas". Además, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para seguir sus pasos, en un alarde de narcisismo político que agranda todavía más el ridículo de su comparecencia antisemita.
Pero la lógica sanchista cuando anuncia medidas radicales es siempre un ejemplo nefasto de fuertes contradicciones. En primer lugar, Sánchez no explicó quiénes están colaborando "con el genocidio", ni qué criterios utilizará su Gobierno para elaborar esa siniestra lista. La utilización de las palabras "genocidio" y "crímenes de guerra", por otra parte, es un exceso dialéctico más propio de un extremista que de un gobernante serio porque, desde luego, no es a Pedro Sánchez Pérez-Castejón a quien le corresponde calificar esos delitos.
Su decisión de enviar más dinero a Gaza significa, en realidad, que llegarán todavía más fondos al grupo terrorista Hamás, dueño y señor de la Franja, para cometer nuevos atentados y seguir utilizando a la población civil como carne de cañón en su lucha suicida contra el Ejército hebreo. Como Sánchez sabe bien, los terroristas controlan todos los recursos que llegan a Gaza, incluida la ayuda humanitaria enviada por las naciones occidentales, de cuyo reparto se excluye a la población civil con mano de hierro, como se ha demostrado en numerosas ocasiones.
En cuanto a la colaboración del sanchismo con "las autoridades palestinas", cabe señalar que esa autoridad solo está presente en Cisjordania, después de que los terroristas de Hamás expulsaran de Gaza a los partidarios de Mahmud Abás a sangre y fuego, en una guerra civil entre facciones terroristas iniciada a comienzos de 2007. ¿Cómo pretende Sánchez ayudar a la población de Gaza enviando dinero a Abás, si la facción del dirigente palestino, que lleva sin convocar elecciones desde 2006, es enemiga mortal del grupo terrorista que controla la Franja?
Como cabía esperar, los terroristas palestinos de Hamás han celebrado la iniciativa de Sánchez elogiando su decisión de "prohibir la exportación de armas a la ocupación israelí y cerrar los puertos españoles a los buques que transportan armas y sistemas militares". Además, en un exceso abominable de hipocresía, los asesinos y violadores del 7 de octubre se permiten el lujo de comentar que el anuncio de Sánchez es "un importante paso político y moral" que se engloba dentro de "los esfuerzos internacionales para detener la guerra genocida, el hambre y el desplazamiento perpetrado contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".
Es claro que Sánchez trata de desviar la atención de sus problemas internos, basados fundamentalmente en la oleada de corrupción que ensucia a su Gobierno y a su propia familia, tratando de que se hable de una cuestión que, desde luego, no puede despacharse con un derroche de radicalismo antijudío como el perpetrado en el día de ayer. Pero no solo se trata de un movimiento estratégico para mejorar su imagen pública. Sánchez lleva años apoyando sinceramente al terrorismo palestino y lo de ayer solo fue el aldabonazo a una política suicida, que compromete seriamente la imagen internacional de España y nuestras relaciones con Israel.