El Gobierno ya ha encontrado al culpable del grave problema de vivienda que se sufre en toda España: Isabel Díaz Ayuso. Tras casi 8 años en el poder, en los que las trabas para encontrar una casa asequible no han dejado de crecer, el Ejecutivo socialcomunista ha señalado a la Comunidad de Madrid como la principal causante de un problema que solo es achacable al sectarismo y la incompetencia de la izquierda gobernante.
La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha llegado al extremo de reclamar la aplicación del artículo 155 de la Constitución para arrebatar a la Comunidad de Madrid las competencias en materia de vivienda, una amenaza absurda que pone de manifiesto, una vez más, el estilo matonesco del sanchismo cuando se trata del Gobierno de Díaz Ayuso.
Las presiones del Gobierno hacia la comunidad madrileña surgen como consecuencia de la negativa de Ayuso a aplicar la nefasta Ley de Vivienda pergeñada por el Ejecutivo, una negativa a la que, por cierto, se han sumado todas las comunidades del PP. Este rechazo legítimo a las imposiciones de los decretos gubernamentales, en aquellas cuestiones que son competencia de las comunidades autónomas, es un mecanismo de defensa de los gobiernos regionales que no quieren acabar como Cataluña y el resto de lugares donde se han llevado a la práctica las nuevas normas del Ejecutivo socialcomunista. Barcelona es, a estos efectos, el ejemplo perfecto de cómo se puede degradar el mercado inmobiliario imponiendo medidas coercitivas, como pretenden la ministra y sus aliados en el Gobierno.
Isabel Rodríguez niega la realidad para alimentar el relato alentado por la extrema izquierda, según el cual no hace falta construir más vivienda en España sino expropiar la existente. El resto de medidas que proponen son una panoplia de contrasentidos que operan en sentido circular, con el fin de achacar a la sociedad un problema generado y agravado por el sectarismo del Gobierno sanchista.
Hasta Rodríguez debería saber que un aumento de la oferta de un bien determinado rebaja su precio. Tampoco debería ignorar que las trabas políticas y las coacciones jurídicas sobre la vivienda desincentivan la construcción de nuevos edificios y hacen que la oferta, cada vez más reducida, sea incapaz de absorber la fuerte demanda existente.
Siendo esto así, urge eliminar las prohibiciones motivadas por prejuicios ideológicos y aumentar la seguridad jurídica para que los agentes económicos inviertan en un mercado fuertemente restringido por mandato gubernamental. Eso es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid en la medida de sus posibilidades y lo que ha puesto en pie de guerra a la izquierda sanchista, que no quiere resolver un problema, sino hacer que todo el mundo obedezca sus mandatos, aunque ello implique agravar exponencialmente la situación.