Una cosa es que el Gobierno haya perdido el apoyo de los golpistas de Junts -algo que, en realidad, ya viene ocurriendo desde hace tiempo y que, como era previsible, no se va a traducir en un apoyo a una moción de censura contra Sánchez- y otra cosa, muy distinta, que el Ejecutivo social-comunista renuncie a iniciativas legislativas antisistema que encandilarían a sus radicales compañeros de viaje, incluidos los que ahora le dan la espalda. Buen ejemplo de ello es el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes y que pretende, nada menos, que sean los fiscales quienes asuman la instrucción de las causas penales, poniendo fin a una competencia que, desde 1882, corresponde a los jueces.
Al margen de que, por su propia naturaleza y por muy cualificado que se le considere, un fiscal ha de ser procesalmente una parte, hay que tener en cuenta además lo absolutamente jerarquizado que está el Ministerio Fiscal y lo dependiente del Gobierno que es su máximo representante, el Fiscal General del Estado. Si todos recordamos las inolvidables palabras de Sánchez –"¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está", todos tendríamos que ser conscientes que, de salir adelante esta reforma, esta Fiscalía, tan ciertamente dependiente del Ejecutivo, pasaría consecuentemente a tener a sus órdenes a la policía judicial como es el caso de la UCO de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía.
En otro orden de cosas, este bodrio totalitario conocido como "ley Bolaños" prevé limitar quién tiene potestad para ejercer la acusación popular en los procedimientos y quedarían así excluidos las formaciones políticas, las asociaciones vinculadas a los partidos y los sindicatos profesionales.
Ante tamaña burla a la independencia del Poder Judicial y su más que dudosa encaje constitucional – la instrucción penal está ligada a la función jurisdiccional, que la Constitución reserva en exclusiva a jueces y magistrados- nuestra única esperanza es que Junts cumpla su palabra de no apoyar ningún proyecto legislativo promovido por el Ejecutivo de "Sánchez 2027" en lo que queda de legislatura; una legislatura que el del "manual de la Resistencia" está dispuesto a agotar en la poltrona "aun al precio de no poder gobernar".