Por mucho que el gobierno quiera pasar página y reducir los casos de corrupción que le afectan a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, está claro que los tribunales de Justicia no se lo permiten. Y con ello no nos referimos, ni exclusiva ni principalmente, a la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de retrasar a finales de mayo el juicio oral al hermano del presidente, David Sánchez, y al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, imputados ambos por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Nos referimos fundamentalmente a la contestación que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dirigido al PSOE en la que se le dice -más bien, se le reitera- que debe aportar "todos" los pagos en efectivo de Ferraz desde 2017 a 2024 y no sólo los que afectan a los investigados en el caso Koldo y sus equipos.
Como recordarán, el magistrado que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Socialista pidió el pasado miércoles a la formación que le entregase el registro de los pagos en metálico referidos al citado período, pero los socialistas, bien para ganar tiempo, bien para reforzar su artera tesis según la cual la corrupción de la que se habla es "cosa de tres golfos" que no afecta al partido, pretendía, bajo el requerimiento de una "aclaración", aportar únicamente los pagos a Koldo, Cerdán y Ábalos.
El juez ha respondido, sin embargo, que no hay nada que aclarar: el requerimiento efectuado se extiende a la presentación de la relación de pagos en metálico por esta formación política "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos". Es decir, incluido Sánchez.
Y es que el hecho cierto es que la financiación del PSOE está lejos de estar clara, y menos aún las cantidades y los nombres de los destinatarios de los pagos en efectivo y todavía menos las razones por las que esos pagos se hicieron en efectivo lo que requería que el PSOE pagase a una empresa de seguridad para que esta llevase el dinero en efectivo supuestamente desde el banco hasta la sede nacional de Ferraz para poder pagar el dinero en sobres.
Por si estos escándalos fuesen insuficientes, crece el temor en el PSOE a que las denuncias por acoso sexual contra el asesor de Sánchez, el "guarro" de Paco Salazar, registradas internamente en el partido para luego ser borradas, pasen a ser denunciadas ante los tribunales de Justicia. Por de pronto, la presión mediática ha obligado al PSOE a mover ficha: Después de achacar a un supuesto "fallo informático" la desaparición de las denuncias por acoso contra Salazar, y de justificar así la inacción de Ferraz durante cinco meses desde que se presentaron las acusaciones en julio, el PSOE ha contactado por fin con las militantes, tal como exige la fase de investigación prevista en su propio protocolo antiacoso. Está por ver, sin embargo, si es para disuadirles o para animarles a que presenten denuncia ante los tribunales, tal y como hacen con el resto de ciudadanas que sufren maltrato o acoso.
Veremos en qué queda la cosa pero lo que es un hecho cierto es que por mucho menos de lo que se le acusa al PSOE, este partido y sus socios le montaron una moción de censura a Rajoy. Hoy, sin embargo, rufianes y caraduras justifican la permanencia de Sánchez en la poltrona como mal menor frente a la llegada al poder de un inexistente fascismo.