Los resultados de las elecciones de Extremadura y Aragón confirman la fuerte subida del partido de Abascal, que duplica su presencia en las Cortes de ambas regiones y aspira con legítimo derecho a formar parte de los próximos gobiernos, toda vez que el PP no ha conseguido la mayoría absoluta a la que aspiraba en ambos casos.
Es indudable que los resultados de Vox en las elecciones autonómicas, que el sanchismo ha convertido en una especie de primera vuelta de las generales por su rechazo a poner fin a una legislatura que ya está muerta, convierten al partido conservador en una fuerza llamada a desempeñar un papel importante, que no puede limitarse a servir de apoyo parlamentario a los gobiernos populares. Vox tiene derecho a formar parte de los futuros Consejos de Gobierno y mal hará el Partido Popular en seguir la estrategia suicida de María Guardiola en Extremadura, que exige el voto silencioso de los diputados de Vox para seguir aplicando la agenda política de la izquierda.
Ahora bien, si Vox puede (y debe) reclamar su presencia en los ejecutivos surgidos de las últimas elecciones, también está obligado a ejercer con responsabilidad esa labor según se vayan sustanciando los pactos de legislatura. No hay que olvidar que el partido de la derecha española ya estuvo en los Gobiernos de Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, y salió de ellos bajo un pretexto por orden de Abascal, cuando lo cierto es que los ejecutivos de coalición estaban funcionando con probada eficacia en todas esas regiones.
La ruptura de las coaliciones y la salida de los consejeros de Vox en julio de 2024 sumió en el desconcierto a los votantes del partido de Abascal, cuyo mensaje de campaña se basó precisamente en la necesidad de entrar en los Gobiernos autonómicos del PP para poner fin a las políticas izquierdistas que estaban llevando a cabo. En menos de un año, Abascal cambió de opinión y ordenó la dimisión de todos sus consejeros con el objetivo claro de seguir desgastando al Partido Popular en la escena nacional, una decisión adoptada por la camarilla que dirige el partido conservador, con nulo respeto a los ciudadanos que le habían entregado su confianza.
El nuevo ciclo autonómico y, sobre todo, la creciente presencia de Vox en los parlamentos exigen del partido de Abascal un mayor compromiso con sus votantes y, por extensión, con la sociedad para la que pretenden trabajar desde los futuros gobiernos regionales. Convendría, a tal efecto, que el sanedrín dirigente del partido conservador aprenda a distinguir el mandato de las urnas en los distintos ámbitos institucionales de las estrategias, a menudo incomprensibles, que pergeña con el objetivo apenas disimulado de destruir al PP.
No solo es que se trate de una táctica suicida en beneficio del sanchismo, sino de que las regiones del PP necesitan un fuerte impulso político que ponga fin a delirios socialistas como la Agenda 2030, el ecologismo radical, el castigo a la agricultura y la ganadería, las energías renovables o la legislación con perspectiva de género, algo que solo ocurrirá si Vox ejerce responsabilidades ejecutivas y las desempeña con lealtad a su socio inevitable.