La muerte de Noelia

Cada dos horas y pocos minutos una persona se suicida en España. Once al día, más de trescientas al mes, unas cuatro mil al año. Hay diez veces más muertes por suicidio que por homicidio, y tres veces más suicidas con éxito que fallecidos en accidentes de tráfico. Es, de hecho, la principal causa de muerte externa en todos los tramos de edad por debajo de los 75 años. El suicidio (asistido) de Noelia Castillo no es uno más entre miles. La historia de Noelia es la de un fracaso monumental de las instituciones, un escaparate de la catastrófica situación de gran parte de "lo público", y un reflejo del naufragio que hemos permitido como sociedad.

No soy quien, y creo que nadie lo es, para juzgar los motivos que Noelia tuviese para querer quitarse la vida. Nadie puede ponerse en los zapatos de otro y entender su sufrimiento. Tampoco creo que se pueda criticar a un padre por intentar evitar la muerte de su hija de 25 años. Personalmente estaría dispuesto a despedazar con los dientes todos y cada uno de los artículos del código penal por salvar la vida de los míos. No hay mucho debate ahí. Seguramente hay algo más que comentar sobre el hecho de que la sentencia del Supremo afirme que "el trastorno límite de la personalidad que [Noelia Castillo] presenta no es una enfermedad, sino la manera de ser de una persona", o que insistan en que no puede valerse de ninguna manera por sí misma pese a que ella misma afirmó lo contrario en su última entrevista antes de morir. Pero de lo que si es necesario hablar es de la aberración que supone que un médico le aplique la inyección letal a una veinteañera que no se está muriendo. Porque no, no es normal. Y no podemos aceptarlo como si lo fuera.

A Noelia la internaron en un centro de menores tutelados con trece años. Las señales de que esos lugares son sucursales del infierno llevan años saliendo a la luz, pero nadie hace nada. La mayoría de los medios han preferido mirar hacia otro lado, lo mismo que las instituciones. Hemos sabido de menores a cargo de las instituciones que han acabado prostituidas, agredidas, abusadas y violadas, algunas por el marido de la consejera responsable de los centros, y también del negocio que algunas ONGs hacen a costa de los menores, pero nada cambia. Los centros de acogida de menores son lo más parecido a la isla de Epstein que hay en España. Y allí pasó Noelia buena parte de su infancia y su adolescencia. Lo que contó de aquel lugar en su última entrevista haría temblar al propio miedo. Ya mayor de edad la violaron dos veces. La segunda terminó con la joven tirándose desde un quinto piso y quedándose parapléjica. Pero no era el primer intento de suicidio, ni el segundo, ni tampoco el tercero. Según cuenta ella misma, llevaba intentando matarse desde hacía años; creció con problemas psiquiátricos que el internamiento en un aparcadero para menores sólo agravó.

Todo aquel que haya necesitado terapia alguna vez sabe que va a tener que pagar. Y no poco. En la sacrosanta sanidad pública lo esperable es recibir una hora de atención psicológica al trimestre, suficiente para absolutamente nada, en absolutamente ninguna circunstancia. Pedir hora para cualquier especialista, en cualquier lugar, supone una espera de meses. Puede que cuatro, puede que quince. ¿Cuál es el tiempo medio de espera para recibir la eutanasia en España desde la primera petición? Sesenta días. La prisa que no se da en curar, el Estado la tiene para matar.

A Noelia el Estado la podría haber salvado evitando que acabara en un centro de menores obviamente infra preparado para atender a alguien con sus características, o podía haberle facilitado la terapia que sin duda necesitaba desde la infancia, o podía haber perseguido a sus violadores, o podría haberle brindado apoyo, cuidado y protección. Pero no. El Estado que nos cuesta casi tres cuartos de billón de euros y que cada año destina cien mil millones a la sanidad pública ha fracasado miserablemente en todas y cada una de las tareas que se le asignaron para proteger a una niña y luego a una joven, pero ha sido extremadamente rápido y eficaz cuando se ha tratado de acabar con su vida.

Una noticia de El País del pasado 8 de marzo empezaba con estas cuatro palabras: "Noelia debería estar muerta". Eldiario.es tituló así la noticia sobre el fallecimiento de la joven: "Noelia gana a los ultras". El tono celebratorio de los medios de izquierda hablando del suicidio de una chica de 25 años es insoportable. Su padre recurrió a Abogados Cristianos para evitar la muerte de su hija porque le dijeron que podrían ayudarle. Yo habría recurrido a la mafia si fuera necesario. Pero es leer "cristianos" y la izquierda salta como un resorte. Es el silbato para perros de los medios progresistas.

Noelia no debería estar muerta, sino recibiendo el cariño de los suyos y el cuidado de las instituciones a las que la sociedad encargó velar por su vida y su bienestar. Su muerte no es un triunfo de nadie, sino un fracaso de todos. Cuando se aprobó la ley de la eutanasia, deprisa, corriendo y sin apenas debate, se nos dijo que era para enfermos terminales e incurables, desahuciados y sin esperanza. Puedo aceptar que los dolores constantes y las limitaciones a la movilidad de Noelia Castillo caigan bajo alguna de las definiciones del texto legal, y no cuestiono la voluntad de morir de la joven. Quién sabe lo que haríamos nosotros en su lugar. Nadie está obligado a sufrir, ni siquiera a vivir. Lo que resulta mucho más difícil de tolerar es que todo lo que el Estado tuviera que ofrecerle a una enferma crónica con serios problemas psicológicos fuera la muerte. Uno cree que las instituciones deberían esforzarse todo lo posible en evitar el suicidio, no limitarse a plantearlo como alternativa. Y menos aún como única alternativa. Noelia tenía derecho a suicidarse en la misma medida en la que lo tenemos todos nosotros; es parte del libre albedrío. Sin la intervención de los médicos quizás Noelia habría acabado con su propia vida antes o después. Seguramente muchas de las cuatro mil personas que mueren por suicidio cada año padecen un sufrimiento psicológico insoportable. No se puede salvar a todo el mundo. Pero la idea de que la mera voluntad de acabar con la propia vida sea suficiente para que el Estado nos procure la muerte no puede ser aceptable. Y ahí, exactamente ahí, es a donde nos dirigimos.