Se dice que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Pedro Sánchez no necesita mil veces, le basta con el BOE, el aparato mediático afín y la connivencia de sus socios. La mentira no es un recurso de emergencia al que se acude cuando la realidad aprieta, es el método, la estrategia y el único idioma en que este Ejecutivo se relaciona con los ciudadanos. Y estos días España ha recibido nuevas dosis de ese arte.
Los investigadores han certificado que el carril de Adamuz se rompió casi un día completo antes del siniestro. Veintidós horas. Durante veintidós horas, los trenes circularon a alta velocidad sobre una vía rota mientras el sistema de alertas callaba, en parte porque ADIF había hecho caso omiso a sus propios protocolos de seguridad ferroviaria. Cuarenta y seis muertos.
Y el manual del Gobierno ha sido el de siempre: ganar tiempo, culpar a causas externas y dejar que el asunto se disuelva en el tiempo. El mismo manual que aplicaron con el apagón. Porque un segundo paquete de audios confirma ahora que el Gobierno conocía tres meses antes del 28 de abril que existía un riesgo elevado de colapso en la red. Los técnicos lo veían venir. Y, sin embargo, el presidente del Gobierno salió después a decirnos que las nucleares habían sido el problema, no la solución. Justo lo contrario de lo que esos mismos técnicos reconocían en privado.
Siguiendo con los escándalos, el Tribunal Supremo ha abierto sus puertas al mayor escándalo de corrupción de la democracia reciente. En el banquillo se sienta un ex ministro de Transportes que fue pieza esencial de los gobiernos de Sánchez, un hombre que dirigió uno de los ministerios con mayor volumen de contratación pública del país y que, según la Fiscalía Anticorrupción, acordó la adquisición de mascarillas a cambio de una indebida compensación económica. Diez mil euros mensuales en efectivo, chalés en Marbella y Sotogrande, pisos de lujo para la amante, una pareja contratada en empresas públicas donde cobró cuarenta y cuatro mil euros sin desempeñar tarea alguna. El retrato de un poder que se sirve a sí mismo mientras dice servir al pueblo.
Esta es la geometría de la mentira sanchista: en público, el relato; y en privado, la realidad. Y cuando la realidad emerge en un audio, en un informe de la Guardia Civil o en un banquillo del Tribunal Supremo la respuesta es siempre la misma: descalificar la fuente, invocar la conspiración y refugiarse en la complejidad técnica. Cuarenta y seis muertos en Adamuz, diez horas sin luz en toda España y un ex ministro en prisión preventiva acusado de cobrar comisiones en contratos de mascarillas, y el Gobierno sigue sin asumir una sola responsabilidad. Ni una dimisión y ni una disculpa a los españoles.
El mismo partido que tras ocho años en el poder no ha resuelto la crisis de la vivienda, ni ha presentado unos presupuestos, se permite dar lecciones de gestión, de modernidad y de compromiso con los ciudadanos. El partido que prometió que las renovables garantizarían el suministro, que la red ferroviaria era orgullo nacional y que la regeneración democrática era su bandera. Los hechos han ido desmontando cada una de esas promesas de manera implacable.
Madrid lo conoce bien. La Comunidad ha padecido años de un Gobierno central que convirtió la palabra en coartada de la negligencia. Un Gobierno que gestiona las crisis con asesores de imagen antes que con ingenieros. Que cuando los trenes descarrilan y llegan los apagones, lo primero que activa no es el protocolo de emergencia sino el de la protección de un Gobierno amortizado.
España merece saber por qué murieron cuarenta y seis personas en Adamuz, merece saber por qué se apagó durante diez horas y merece, sobre todo, un Gobierno que no se gaste el dinero de los servicios públicos en llenar el bolsillo de sus ministros.
Mientras eso no ocurra, la responsabilidad de exigirlo sin complejos y sin miedo sigue siendo de quienes no nos resignamos a que la mentira ondee como bandera.