Hace décadas que los nacionalistas catalanes se saltan las leyes del Estado de Derecho, es decir, de España. Viven en la ilegalidad permanentemente. Su forma de vida es insultar, maltratar y perseguir a la fuente que les da vida: España, el Estado de Derecho español, la democracia sustentada en la Constitución de 1978. El fraude de ley, sí, de cualquier ley, empezando por la Ley de leyes, es algo consustancial a los nacionalistas catalanes. El último fraude cometido con descaro, no exento de un cierto furor que los enaltece ante la cobardía exhibida por la inmensa mayoría de hombres-masa que pueblan el solar hispano, es la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias para romper la unidad de España. Así de sencillo y contundente ha planteado la cosa el jefe de los separatistas, Arturo Mas: si nuestra lista por la independencia gana el 27 de septiembre, declararemos la independencia de Cataluña y, naturalmente, nos separaremos de España aún más, o sea definitivamente, de lo que estamos "separados" ahora.
¿Qué respuesta ha recibido este planteamiento, o mejor dicho, el decreto que anuncia unas elecciones para separarse de España por parte del Gobierno de la Nación española? Ninguna. El gobierno de Rajoy ha aceptado de modo absoluto el texto, supuestamente ilegal, que convoca a todos los partidos para que se declaren los catalanes a favor o en contra de la independencia. Esa aceptación ha ido acompañada de unas declaraciones abstractas de los dos principales responsables del Consejo de Ministros sobre la imposibilidad de que Cataluña se separe de España. Un castizo diría que las respuestas del Gobierno de España al último, así lo plantean Mas y los suyos, desafío independentista son humo. Nada. Un jurista solvente argumentaría que el Gobierno, al menos, debería recurrir esta manera de convocar unas elecciones autonómicas haciéndolas pasar por plebiscitarias; pero, en fin, no entremos en pobres disquisiciones jurídicas sobre la forma y el fondo de esta convocatoria, porque terminaríamos llamando imbéciles a los que defienden la "legalidad" de la misma y no tengo ganas de entrar en pleitos entre estúpidos, entre otros motivos cosas porque podrían confundirme con ellos. Lo decisivo es que ahora, como desde hace décadas, los independentistas catalanes no cumplen las leyes de España, pero los diferentes gobiernos de la nación lo han consentido. He ahí la tragedia.
Por lo tanto, nadie se llame a engaño, no iba a ser este caso, la convocatoria para separarse de España, diferente de los anteriores. Si ya en el pasado Rodríguez Zapatero dijo, llevando las posiciones condescendientes de González y Aznar ante las ilegalidades de los nacionalistas de Felipe González y Aznar al extremo, que su gobierno aceptaría cualquier Estatuto de Cataluña por ilegal que fuera, hoy el Gobierno de España acepta que los independentistas planteen estas elecciones como un referéndum o plebiscito popular por la independencia de Cataluña. Por eso, independientemente del resultado del día 27 de septiembre, el nacionalismo ha dado otro hachazo mortal a la Constitución española. Ha dado un salto de gigante. Ha vuelto a ganar en el terreno político. Ha transformado la experiencia histórica de sus ilegalidades gubernamentales en una acción política de gran envergadura. Ha dejado en silencio, o peor, paralizado, que es lo peor que le puede pasar al poderoso, a un gobierno, que sabe que su vida depende de su acción permanente.
Rajoy está petrificado. No hace nada. No explica nada. Y me malicio, perdonen mi juicio de intenciones, que tampoco tiene pensado nada para la noche del 27 de septiembre. Es obvio que el Gobierno de España podría hacer muchas cosas, pero, de momento, solo espera que los independentistas pierdan las elecciones del 27 de septiembre. Una actitud tan pobre que no llega ni a anhelo. Rajoy ni siquiera quiere darse por enterado de que los nacionalistas ya las han ganado antes del 27 de septiembre, porque siguen marcando la agenda política de "lo que queda de España". ¿Qué queda? Poco, muy poco, porque el timos, la furia, el coraje, que caracterizó alguna vez a los españoles, ya casi es propiedad de quienes llevan saltándose la ley treinta años. ¿Qué sobra? Cobardía.