Aceptemos la imagen vulgar del producto económico de la nación como un círculo. Los distintos ramos de la actividad económica vendrían dados como sectores, con su ángulo correspondiente, hasta completar el conjunto de los 360º. Es patente que el sector público cuenta con un ángulo desmedido, teniendo en cuenta los servicios que ofrece. Se incluye el Estado nacional más las autonomías regionales. El número de funcionarios y cargos públicos se expande sin parar. Es claro que esa tendencia solo puede traer una constante disminución de la productividad. Ese movimiento presiona, inexorablemente, para que suban todos los impuestos y aun se creen otros nuevos. La razón paradójica es que, si los impuestos suben, el Fisco hace caja. Se cierra, así, el círculo vicioso, pues, con más impuestos y más deuda del Estado, se pueden nombrar más funcionarios y más cargos públicos, preferentemente, a dedo. El resultado es la creciente acumulación de poder por parte de la gavilla de los que mandan. Que es lo que se trata de demostrar. Encima, sucede que los impuestos suben por encima del incremento de los salarios modestos (incluidas las pensiones), lo que supone una creciente desigualdad social.
La subida incesante de los impuestos acarrea un efecto invisible: contribuye a recortar parcelas de propiedad, lo que equivale a perder libertad. Por lo menos es así para las personas con una economía dependiente y modesta. Son los que más sufren del aumento de los precios consecuencia, a su vez, de la expansión de la carga impositiva. La conclusión es tan indiscutible como pesarosa para el bienestar del conjunto del vecindario. El área del sector público cubre una amplitud desmesurada. Lo más peliagudo está en imaginar qué medidas habría que tomar para su contención.
Desde luego, la veintena de ministerios se podrían reducir a la mitad, sin deterioro alguno de la productividad de la función pública. Por lo mismo, la vida política seguiría su curso tranquilo si las Cortes nacionales y los Parlamentos regionales redujeran a la mitad el número de los escaños. Dado el principio de la disciplina de voto, esa disminución en el número de representantes no tendría más efecto que el de abaratar el peso de la nómina de los parlamentarios. Importaría mucho en términos de legitimidad de las instituciones.
Muchas oficinas públicas poco productivas se cerrarían cuando su función esencial es la de tramitar subvenciones a personas que no son "vulnerables" (indigentes, marginadas, con problemas insolubles). Se liberarían, así, cientos de miles de funcionarios y altos cargos, que podrían ser más productivos en otras dedicaciones. Desde luego, deberían eliminarse las subvenciones a los partidos políticos, las confesiones religiosas y todas las demás asociaciones que pueden vivir de las aportaciones de sus socios. Los bonos sociales a los jóvenes constituyen una escandalosa maniobra electoral.
Mención especial merece el escándalo de los coches oficiales, tantos de ellos de alta gama. No se necesitan más que los adscritos a una función esencial de la Administración Pública. Sobran todos los demás, los que sirven, primordialmente, como símbolos de ostentación de los respectivos altos cargos. De entrada, una operación de este estilo serviría para conocer, de una vez por todas, la amplitud del parque de los coches oficiales. De momento, es un secreto cuasi militar.
Comprendo lo difícil que es aceptar criterios de productividad a la hora de administrar los dineros públicos. Ya se sabe, "el dinero público no es de nadie"; solo que es de todos. Empero, son evidentes los despilfarros en las más diversas instituciones públicas, especialmente, en las mal llamadas autonomías.
Una utilísima contracción del sector público es que el Estado (nacional y regional) deje de gestionar algunos medios de comunicación, especialmente la tele. Lo cual no supondría, solo, un ahorro, sino la disminución del peso abrumador de la propaganda en la acción pública. En este momento, resulta asfixiante. Históricamente, solo lo superó el Ministerio de la Propaganda de la Alemania nazi.