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Jurisprudencia metafísica

Los españoles han de reparar en que un Gobierno regional utiliza los presupuestos para tabular el pensamiento libre y perseguir la libertad de expresión.

Antonio Robles
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Hay algo profundamente obsceno en la decisión del Gobierno de la Generalidad de llevar a los tribunales a Federico Jiménez Losantos, y puede que a Alfonso Merlos, a Xavier Horcajo, a Gabriel Albiac, a Hermann Tertsch, a José Antonio Sentís y a la diputada de C’s Inés Arrimadas.

Acusarles de fomentar "el odio, menosprecio o discriminación" al pueblo de Cataluña; ellos, precisamente ellos, que son maestros en cultivar el resentimiento contra España. Es, cuando menos, esperpéntico.

Si hubiera que destacar una característica esencial del catalanismo político durante estos últimos 30 años sería su recurso a la satanización para excluir intelectual, social y políticamente a todos cuantos han osado cuestionar sus dogmas identitarios. Términos como facha, franquista, lerrouxista, ultraderechista han sido el vocabulario corriente para hacer mobbing y lograr una atmósfera de miedo y silencio donde resulte imprudente arriesgar una opinión. Lo que Félix de Azúa denominó "pedagogía del odio".

Venir a estas alturas a acusar a los demás de aquello en lo que ellos son consumados maestros, presentarse como víctimas mientras ejercen de verdugos, es de una caradura y un cinismo sin precedentes.

Sea como sea, los hechos son inapelables. Mientras no se demuestre lo contrario, Losantos, o cualesquiera de los señalados por el Consejo Audividual de Cataluña (CAC), no han conseguido levantar a un solo español contra el pueblo de Cataluña; por el contrario, sus acusadores han logrado incitar al odio y al resentimiento a cientos de miles de catalanes contra España, y su proyecto implica romper familias, mercados, levantar fronteras y convertir en extranjeros a parte de sus conciudadanos. Mientras esas evidencias han comenzado a romper la convivencia en Cataluña, se atreven a amenazar con paralizar la economía catalana o convertir las calles de Cataluña en Ucrania. ¿Se puede ser más indecente?

En su pecado va la penitencia: acaban de inaugurar la jurisprudencia metafísica. Ahora resulta que Quico y su gobierno hacen de chamanes con poderes para interpretar la voluntad del pueblo. En su demanda civil contra la libertad de expresión "en representación del pueblo catalán" cometen una usurpación de la personalidad jurídica de cada uno de los ciudadanos de Cataluña. Solo los titulares de un derecho al honor supuestamente conculcado están legitimados para invocar su protección ante los tribunales. En ningún caso los sumos sacerdotes de la Generalidad.

Que un juzgado haya admitido a trámite este engendro metafísico surgido del romanticismo alemán infectado de Volkgeist nos dice hasta qué punto la separación de poderes está podrida en Cataluña.

Los españoles han de reparar en que en un rincón de España un Gobierno regional utiliza los presupuestos de todos para alimentar una prensa afín y cebar organismos como el CAC para tabular el pensamiento libre y perseguir la libertad de expresión.

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