El 13 de enero de 2008, Pilar Rahola escribió un artículo en La Vanguardia que resume la trayectoria insidiosa de esta señora cuando alguien cuestiona el ecosistema del que vive. Se titulaba "Acoso a un juez": "Los que han venido a acusarnos de racismo", sentenciaba en uno de sus párrafos, "lo han hecho desde un paradigma racista, la suposición de que, por ser argentino o chileno, uno ya no puede ser culpable". La acusación la dirigía nada menos que contra una de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Nora Cortiñas, madre de un desaparecido en la dictadura argentina, por haberse atrevido a venir a Barcelona para denunciar el atropello judicial que se estaba llevando a cabo contra ciudadanos presuntamente inocentes.
Los hechos que dieron lugar al juicio ocurrieron el 4 de febrero de 2006. En el desalojo de una casa okupa en Barcelona, un policía municipal resultó agredido en la cabeza. Hoy es un parapléjico. A partir de ahí, varios jóvenes de aspecto okupa fueron detenidos. Poco después hacen lo propio con una joven y su amigo que habían ido al Hospital del Mar para curarse de unas heridas que se habían hecho al caerse en la bicicleta donde paseaban. Toda su relación con el caso es que su aspecto era similar al de los asistentes a la fiesta que se hacía en el edificio donde ocurrieron los hechos. Algo absurdo y arbitrario, pero, como nueve de los detenidos, la chica fue condenada. En un permiso carcelario, se suicidó. No soportó haber sido encarcelada siendo inocente. Como el resto de condenados, jamás admitió culpabilidad alguna. Se llamaba Patria.
Dos de los policías municipales, que les habían torturado y cuyas declaraciones fueron claves para condenarles, fueron a su vez condenados por falsificar pruebas y torturar a los detenidos dos años después. Pero para entonces los inocentes habían sido condenados en firme. No revisaron el caso.
De todos los detenidos, ninguno admitió culpabilidad en los hechos. Desde entonces, amigos y familiares han hecho lo imposible por denunciar el abuso, pero la maquinaría judicial, la Guardia Urbana y el Ayuntamiento de Barcelona han impedido la revisión del abuso.
Hace un año y medio se estrenó el documental Ciutat morta, donde se relatan hechos que contradicen por completo la versión oficial. En una tierra donde los medios de comunicación y las instituciones están tan dispuestos a promocionar y difundir documentales secesionistas, nadie se quiso hacer eco del atropello. Si acaso para justificarlo. Ese es el caso de Pilar Rahola con un artículo infame en 2008, no sólo porque protegió con él la corrupción judicial, policial y política de la ciudad de Barcelona, sino porque se valió del lenguaje más criminalizador contra quienes vinieron a defender la verdad y la justicia. Ella que tanto habla de las cloacas del Estado, cuando tuvo oportunidad de denunciarlas, las justificó. Debía de ser porque eran propias.
Los directores del documental, Xavier Artigas y Xapo Ortega, negociaron durante años con TV3 una coproducción. Fue imposible: "Nos iban dando largas, nos decían que era un tema muy incómodo, que esperáramos que pasaran las elecciones…", afirman. Al final lo tiraron adelante a través del micromecenazgo. La estrenaron hace año y medio en precario. Hasta que el sábado pasado rompieron la audiencia con su emisión en Canal 33 después que David Fernández, de la CUP y amigo de los directores, hiciera una pregunta en la comisión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales del Parlamento de Cataluña. "La pregunta", escribe Helena López en El Periódico de Cataluña, "desencalló la negociación, ya que la dirección de la cadena negó que existiera dicho diálogo y los directores amagaron con difundir los correos que demostraban su existencia, lo que forzó un compromiso". TV3 no tuvo otro remedio que emitir el documental, pero lo hizo en la cadena menor, en el Canal 33, donde la audiencia es escasísima. No evitó el escándalo. Desde entonces una ola de indignación recorre Cataluña.
Este artículo no tiene otro objeto que ayudar a difundir Ciutat morta. Yo no soy juez, desconozco los pormenores del proceso, pero sé que si un Estado de Derecho no sirve para proteger a sus ciudadanos de su propio abuso y hace lo imposible por ocultarlo se convierte en un monstruo.