Ayer, tras la mesa de diálogo con los secesionistas, el Gobierno de la nación perpetró una de las villanías más sucias contra la democracia y contra el lenguaje como instrumento de comunicación: "Hemos alcanzado dos acuerdos. Un acuerdo para superar la judialización de la política y para reforzar las garantías del diálogo, y un segundo acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana".
El lenguaje al servicio de la manipulación. Traduzcámoslo: superar la judialización de la política es comprometerse a que el gobierno de la nación no lleve a los tribunales delito alguno cometido por políticos nacionalistas. O sea, el pilar fundamental de la separación de poderes queda abolido cuando se trata de juzgar delitos cometidos por políticos nacionalistas catalanes. Prioritariamente aquellos que se relacionen con intentonas secesionistas. Con un agravante más, esa voluntad acordada legitima todos los delitos cometidos por los secesionistas catalanes condenados por los acontecimientos del 2017 y el lenguaje tramposo con que los envolvieron. O dicho de otro modo, todo cuanto se hizo y se dijo desde la legalidad del Estado contra esos políticos delincuentes y sus fechorías contra la Constitución, el erario público y la paz social, se habrá de cancelar y pedir perdón a sus responsables. Incluso, como nos descuidemos, habremos de indemnizarles por haberles condenado y encarcelado injustamente. No es una exageración, ya el Tribunal de cuentas ha devuelto a ERC 2.1 millones de euros por los avales entregados por el procés.
¿Quién es un político, por muy presidente del gobierno que sea, para acordar formalmente con otros políticos conchabados con él la impunidad ante la ley? Si la autonomía del poder judicial tiene sentido, es para evitar que el poder ejecutivo y el legislativo se extralimiten en sus funciones fuera de los límites de la Constitución. Si los políticos pudieran conchabarse para evitar ser juzgados, la democracia ya no sería democracia, sino un compadreo cercano a la mafia, donde los ciudadanos estarían indefensos ante la tiranía.
El manipulador de palabras no se queda ahí. Añade un acuerdo "para reforzar las garantías del diálogo". Entiendo, para dialogar, antes hay que transigir con el delito. Porque esto es lo que significa garantías de diálogo para los nacionalistas, garantizarles sus exigencias. Siempre fue así.
A eso ha llegado este déspota y los secesionistas de ERC, asegurarse mutuamente llegar al final de la legislatura. En 24 horas, el propio Sánchez nos mostró el alcance de semejante voladura del Estado Democrático con dos mordidas más a la separación de poderes: la insumisión a la sentencia del TS que garantiza el derechos de los niños a recibir un mínimo del 25% de clases en lengua española, y su descalificación en la sentencia contra la corrupción de los EREs de Andalucía, asegurando que "han pagado justos por pecadores". ¿Quiénes deben ser los justos y quiénes los pecadores para Sánchez? El autócrata que nos dio lecciones contra el PP de Mariano Rajoy amparándose en el respeto a las sentencia judiciales, ahora las desacredita de forma sibilina.
Y en aquello que ha dado largas, sale presta Margarita Robles para ir adobando el próximo envite: reformar el código penal para desactivar el delito de sedición. Y a partir de ahí, manos libres para la rebelión sin consecuencias penales.
Pero de momento se llevan por delante los derechos lingüísticos de todos los españoles en Cataluña. Y ahora a las claras, con una ley exprés de usos lingüísticos (Ley 8/2022) para dejar sin efecto la sentencia del TSJC y TS que garantiza un mínimo del 25% de enseñanza en lengua española. Y ratificada con los votos del PSC de Salvador Illa. ¡Cómo no!
¿Qué nos puede quedar a los ciudadanos excluidos cuando el propio presidente del gobierno por boca de su valido, Félix Bolaños suelta a la salida de la mesa de diálogo: "el impulso y la protección del catalán es una responsabilidad del gobierno de España". Traducción: la protección del catalán implica necesariamente la exclusión del castellano. ¿Acaso no es responsabilidad del Gobierno de España garantizar los derechos lingüísticos de todos los españoles en todos los lugares del Estado? Ante su ausencia el TSJC ha recurrido ante el Constitucional.
Todos los ciudadanos, de todas las tierras de España, han de tomar conciencia de la agresión que el presidente de la nación está infringiendo a los derechos lingüísticos de todos los españoles, y a nuestras instituciones, y conjurarse para echarle con sus votos en la próxima cita electoral del gobierno de nuestra nación, que siendo nuestra, cree que le pertenece en exclusiva.
PD: ‘Docentes Libres’/’Docents Lliures’ denuncia que el Gobierno asuma el discurso lingüístico y el proyecto de construcción nacional del nacionalismo, y ‘Escuela de todos’ convoca a la ciudanía el próximo 18 de septiembre en Barcelona para oponerse a la imposición lingüística.