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Carina Mejías

Ni vendidos ni amordazados

El derecho a la información y a la libertad de expresión está en Cataluña permanentemente amenazado.

Carina Mejías
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Uno de los pilares fundamentales de las democracias libres es el derecho a la información y a la libertad de expresión, que hoy en Cataluña está permanentemente amenazado por la dependencia política de los medios de comunicación, por el entramado de subvenciones públicas que los alimentan y por la proliferación de instrumentos con los que practicar la censura con la inocente apariencia de consejos con funciones de vigilancia y asesoramiento.

El ejercicio de la libertad de prensa ha sufrido una merma alarmante en Cataluña.

En mayo del 2004 Convergència i Unió se hacía eco del escándalo por la filtración de un informe anónimo sobre los medios de comunicación en Cataluña. El informe hacía un análisis pormenorizado y minucioso de todos los medios de comunicación en Cataluña cuantificando el grado de afinidad con el gobierno, entonces tripartito, analizando su situación financiera y permitiéndose hacer recomendaciones al gobierno sobre la línea de actuación que debía seguir respecto a cada uno de ellos.

El escándalo fue de tal magnitud, y Convergencia i Unió se escandalizó tanto, que veinte días después el secretario de comunicación del gobierno catalán presentaba su dimisión.

Diez años después, en el mes de febrero de 2014, tuvimos conocimiento de que Artur Mas había encargado un informe para evaluar la ideología de los periodistas, a los que clasificaba en soberanistas, españolistas, federalistas y sin identificar, encargado a una universidad privada en la que dan clases un buen número de activistas del independentismo y por el que se pagaron 16.000 euros de todos los catalanes. Por si esto no fuera suficiente, la Consejería de Presidencia, que dirige Francesc Homs, encargó otro estudio, que tenía por objeto evaluar el pluralismo y el equilibrio en la cobertura mediática en la política nacional, con un destacado apartado que analizaba la valoración en los medios nacionales del trato que se dispensaba a los principales actores del sainete independentista, siendo el principal protagonista Artur Mas.

Un mes después de tal escándalo ni se ha producido ni se espera ninguna dimisión.

Diez años después del escándalo con el informe del tripartito, la diferencia es que en aquel momento alguien asumió la responsabilidad por atentar contra la libertad de prensa, a día de hoy la irresponsabilidad se comente desde el gobierno sin que nadie se atreva a rechistar.

En el estudio del 2004 se hacían constar nombres de diarios y periodistas. Aprendida la lección, en el estudio actual, resulta evidente que para establecer los porcentajes de periodistas afines al régimen o disidentes se ha tenido que analizar pormenorizadamente las firmas y se ha tenido cuidado en no reflejar los nombres.

A nadie se le escapa que la finalidad de elaborar estas listas de periodistas afines o disidentes, buenos y malos, no puede tener otra finalidad que premiar y promocionar a unos y silenciar a aquellos que dicen lo que al gobierno catalán no le gusta escuchar. Al más puro estilo chavista. Y no crean que exagero. Los premios, y más en época de crisis, tienen forma de subvención, otorgadas con total opacidad y sin ningún criterio definido, más allá de la discriminación lingüística que premia los editados en catalán o la afinidad política al gobierno, o, lo que es peor, para pagar silencios y así evitarse las denuncias por corrupción.

Hace unos años, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, más conocido como el órgano censor del periodismo, le arrebató a la cadena COPE dos emisoras de radio que había gestionado durante años, atribuyéndolas a otras operadoras mucho más dóciles con el discurso nacionalista. En cambio, las emisoras de Mikimoto reciben cada año una buena cantidad de euros, a la que hay que sumar sus colaboraciones con el gobierno catalán como comisario del tricentenario. Unos son disidentes, los otros cómplices. Ese es el criterio.

Desde entonces y hasta ahora, el Consejo Audiovisual de Cataluña se ha convertido en el órgano censor que a través de sus comisarios políticos, bien pagados y adoctrinados, velan por que los medios de comunicación en Cataluña e incluso "fuera de ella" se ajusten al discurso dictado por el gobierno. El CAC es el encargado de seguir y elaborar fichas sobre profesionales del periodismo díscolos, e incluso de diputados, que resultan incómodos por sus opiniones disidentes, a los que se señala sin pudor como enemigos de Cataluña, se les margina de los medios o se les intenta silenciar con querellas y denuncias, con la excusa de que profieren expresiones incitadoras al odio y a la violencia, ante el pasmo de las asociaciones de periodistas de España que ha salido en defensa del derecho a emitir libremente opinión y crítica.

Curiosamente, el CAC no vio incitación a la violencia en un programa en el que se simulaba disparar al Rey, no adivinó ningún tipo de menosprecio en el documental de TV3 titulado Adéu Espanya, en el que lo más suave era definir a España y a los españoles como los opresores de Cataluña, ni tampoco vio vulneración de los derechos de los menores cuando el informativo juvenil Info-K recababa, sin ningún tipo de pudor, opiniones de menores que habían acudido a la vía catalana, atentando contra los mínimos principios éticos y democráticos. Nada de eso es denunciable según el CAC, ni extraño en el imaginario independentista.

En Ciudadanos pensamos que en democracia no caben organismos censores que atienden los dictados del gobierno propios de regímenes dictatoriales o totalitarios, y por eso vamos a exigir el desmantelamiento del CAC, como en su día lo exigió el Comité Mundial por la Libertad de Prensa, argumentando que su existencia era un atentado contra la democracia y la libertad de expresión en los estándares que son exigibles a cualquier país miembro de la Unión Europea. Su desmantelamiento, además de evitar las mordazas, supondrá un considerable ahorro de dinero digno de mejor causa y permitirá a los profesionales del periodismo mantener su espíritu crítico y ser más libres y ejercer el derecho de decirle al señor Mas y al señor Homs lo que no les gusta escuchar. Sin libertad no hay democracia y la prensa es la artillería de la libertad.

Carina Mejías, presidenta del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona.

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