Canarias podría llegar a ser la única región del mundo a la que obligasen a tener petróleo en contra de su voluntad, una paradoja curiosa en una tierra que no destaca por un tejido productivo muy denso ni por niveles de riqueza notables, pero sí por tener un tercio de su fuerza de trabajo en paro.
Los canarios no son especialmente torpes o vagos, más bien al contrario: cuando han tenido la oportunidad han desarrollado un sector económico –el turístico– vigoroso, poderoso y que es un ejemplo no sólo en España sino fuera de nuestras fronteras. Es cierto que, además, disponen de unas condiciones privilegiadas para ello: un clima excepcional y bellezas naturales como Lanzarote, las playas de Fuerteventura o el Teide, por poner sólo unos ejemplos, pero a partir de ahí hacía falta mucho trabajo bien hecho. En este sentido, el turismo es a veces como el petróleo: un regalo generoso de la naturaleza que luego hay que extraer y convertir en un producto valioso.
Pero lo malo del turismo en Canarias es que, con un sector que roza la excelencia y que tiene un éxito internacional indiscutible, no llega para dar trabajo a todos, ni remotamente.
Entiendo que la mera mención del petróleo provoque en algunos canarios y en muchos colectivos una preocupación sincera, lo que me cuesta mucho entender es que se pretenda blindar un archipiélago contra la prosperidad que el crudo podría aportarle y, sobre todo, que esto lo hagan políticos que tienen que responder ante los 350.000 parados que viven en las islas.
Porque Greenpeace puede permitirse –y de hecho es probable que lo necesite para vivir– la demagogia de contraponer el petróleo al medioambiente, sin más, negando la posibilidad de que pase algo que ya ocurre en buena parte del mundo: que las explotaciones petrolíferas sean limpias y seguras. Greenpeace sí, pero Paulino Rivero no. Como presidente de Canarias, él no debería ocultar a sus ciudadanos que se puede abrir sus islas a una importante fuente de ingresos –y de puestos de trabajo– sin perjudicar el que actualmente es el monocultivo turístico de la comunidad. No, como político democráticamente elegido no tiene derecho a mentir, a decir lo que sabe que no es verdad y, encima, perjudicando a los que le han votado.
Rivero no es peor que la mayoría de los políticos españoles –ni mejor, ojo–, simplemente es otro de los que se niegan a enfrentarse a lo que cuatro asociaciones y unos cuantos medios de comunicación orquestan como "la opinión pública", otro de los que no tienen la capacidad intelectual –ni la voluntad política– para explicar a los ciudadanos que no, que eso que les están contando es mentira.
Quizá hubo un tiempo en el que los políticos españoles tenían un proyecto que explicaban a la sociedad y eran capaces de ejercer el liderazgo necesario para desarrollarlo, hoy en día se limitan a seguir lo que diga la última encuesta y arriolizarse por la pata abajo –si me permiten la expresión– ante cualquier manifestación o manifiesto de mindundis.
Lo malo es que el petróleo sí da trabajo… y Arriola no.