El caos y la confusión provocados por este Gobierno en la gestión de la pandemia tienen como resultado que prácticamente todas las demás cuestiones del día a día pasan a un segundo plano informativo, o simplemente no existen. Para conseguirlo, el Gobierno cuenta con la inestimable colaboración de los medios de comunicación amigos o subvencionados, que llenan horas y horas de programación con un popurrí de noticias sobre el coronavirus que lo único que consigue es agotar al sufrido ciudadano, bastante castigado ya por las restricciones que trae la pandemia y por sus consecuencias económicas.
Así, una noticia significativa acaecida estos días ha pasado casi inadvertida. Sucedió el pasado viernes en el Parlamento vasco. Se debatían las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de la comunidad autónoma para este año presentadas por los grupos de la oposición. Para dar la réplica a Bildu intervino en nombre del PNV Joseba Eguíbar.
Eguíbar es un veterano dirigente nacionalista, presidente desde hace años del PNV de Guipúzcoa, representante del sector del partido más independentista –aunque en el fondo todos lo son– y partidario del entendimiento con la izquierda abertzale si fuera necesario. La conoce bien y sabe qué tecla tocar cuando se dirige a los herederos políticos de ETA.
En su intervención, Eguíbar afeó a Bildu que se opusiera a los presupuestos del Gobierno de coalición PNV-PSE cuando en el Congreso había apoyado los de Sanchez e Iglesias. En un momento determinado dijo: “Ustedes han cambiado el campo de juego, están atendiendo sus propias urgencias, no los intereses del país”; y añadió: “Para que nos entendamos todos, es el denominado ‘acuerdo cinco a la semana’. Punto. Y ahí lo dejo”.
¿A qué se estaba refiriendo Eguíbar con eso del “denominado ‘acuerdo cinco a la semana’”? Pues sencillamente al acercamiento de presos de ETA a cárceles ubicadas en el País Vasco o cercanas a la comunidad autónoma que desde hace meses, de forma constante y como un goteo, viene haciendo el Ministerio de Interior. ¿Significa eso que Eguíbar o el PNV están en contra de esos acercamientos? De ninguna manera. Esa ha sido una reivindicación histórica –al menos desde 1996, cuando el PP llegó al Gobierno de España– del partido presidido en la actualidad por Andoni Ortúzar. Y eso a pesar de que el PNV apoyó la dispersión de presos etarras que pusieron en marcha en la década de los ochenta los Gobiernos del PSOE de Felipe González, siendo ministro de Justicia el difunto Enrique Múgica.
El problema es que al PNV le preocupa que una bandera tan sensible para un sector de la sociedad vasca como es la de los presos de ETA la capitalice en exclusiva Bildu, y que además lo haga como consecuencia de un acuerdo político con el PSOE en Madrid. Pero en ese juego nada ni nadie es inocente, empezando por Pedro Sánchez, que ha visto en esa cuestión, apoyado por Pablo Iglesias, una manera de ganarse el apoyo parlamentario de los herederos políticos de ETA y de paso meter una cuña en la relación entre PNV y Bildu.
El PNV es plenamente consciente de que, en un escenario electoral en el que la suma de escaños de Bildu, PSE y Podemos dé para conformar una mayoría parlamentaria, es muy probable que, si sigue al frente del Gobierno y del PSOE, Sánchez dé luz verde para materializar ese acuerdo y echar al PNV del poder, aunque eso conlleve hacer lehendakari a Arnaldo Otegui.
Mientras tanto, ¿qué lugar ocupan las víctimas del terrorismo en todo esto, cuando ven cómo los asesinos o colaboradores en los asesinatos de sus seres queridos son acercados al País Vasco so capa del cumplimiento de la legislación penitenciaria, cuando todo el mundo sabe el trasfondo político que subyace en esa decisión? Pues ocupan el lugar del olvido y el de la indiferencia, al menos de los poderes públicos. Así de triste y así de crudo.