En medio de la pasión de catalanes que nos castiga un día sí y otro también, ha pasado un tanto inadvertida la desgarradora carta que Consuelo Ordóñez escribió las semana pasada a su hermano Goyo –asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 en San Sebastián– a raíz de la toma de posesión como parlamentario autonómico vasco de Iker Casanova, condenado a once años de prisión por pertenecer a la estructura de la banda terrorista, concretamente a Ekin.
Recuerda Consuelo que su hermano Gregorio no fue el único parlamentario vasco asesinado por ETA. Antes, en febrero de 1984, lo había sido el socialista Enrique Casas, y después –en febrero de 2000– el también socialista Fernando Buesa, atentado en el que también murió su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza.
La misiva de Consuelo Ordóñez confirma lo que desde hace ya un cierto tiempo viene siendo una triste realidad: las víctimas del terrorismo han sido olvidadas, arrinconadas y en algunos casos vilipendiadas por los poderes públicos. El trabajo de campo lo llevó a cabo de forma implacable Zapatero con su indigno proceso de negociación política con ETA, pero lo ha continuado, por acción u omisión, el actual Gobierno del PP. Baste recordar que ya se han cumplido dos años desde que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con el visto bueno de su jefe y amigo Mariano Rajoy, impulsara el proceso para poner en libertad al torturador/secuestrador de Ortega Lara Josu Uribetxeberria Bolinaga, so capa de que padecía una enfermedad terminal. Pasados veinticuatro meses, repito, Bolinaga sigue tan ricamente en su Mondragón natal –localidad en la que, en una nave industrial, estuvo Ortega Lara secuestrado 532 días–, y Fernández Díaz no ha tenido la decencia de dimitir e irse a su casa, no sé si por temor a prevaricar si lo hiciera… como en su día argumentó para justificar su actuación en este asunto.
Recuerda la hermana de Gregorio Ordóñez en su carta:
Hubo un tiempo en que nos prometieron justicia, e impulsaron una ley de partidos que promueve actuaciones contra organizaciones políticas que busquen utilizar las instituciones para honrar a quienes os mataron. Todo eso, Goyo, ha quedado ya en papel mojado. Ni aquella ley ni las sentencias se aplican.
Y añade:
Sé que te dolerá pero quien ha aparecido entregando el acta de parlamentario vasco a Iker Casanova ha sido un compañero tuyo de partido [el presidente del PP de Vizcaya, Antón Damborenea].
Efectivamente, la ley de partidos impulsada por los Gobiernos de Aznar ha sido de facto derogada por los de Zapatero y Rajoy y por el Tribunal Constitucional, presidido por Pascual Sala, que abrió la puerta para que ETA volviera a las instituciones. Y ya lo creo que ha vuelto: es la segunda fuerza en el Parlamento vasco –tras el PNV–, gobierna la Diputación Foral de Guipúzcoa y casi un centenar de ayuntamientos del País Vasco y de Navarra –entre ellos el de San Sebastián, donde Gregorio Ordóñez fue teniente de Alcalde–; con la reforma de la ley electoral que planea el Gobierno de Rajoy, y que haría alcalde al candidato de la lista más votada, el número de ayuntamientos gobernados por la marca política de ETA podría aumentar de forma importante.
Si Goyo Ordóñez pudiera levantar la cabeza se encontraría con una Guipúzcoa, con una San Sebastián, con un País Vasco en los que ETA va ganando no solamente cotas de poder que le permiten ir llevando a la práctica su proyecto totalitario, sino lo que casi es peor: con que va ganando en el relato de la historia de lo que ha pasado en estos últimos cincuenta y cinco años, porque lo está elaborando ella, con la aquiescencia de los nacionalistas y la pasividad de quienes no lo son.
También se encontraría Goyo con unos compañeros en el País Vasco que han convertido ese PP al que él mismo -junto a personas como Jaime Mayor, María San Gil, Carlos Iturgaiz, Santiago Abascal padre e hijo y algunos otros- contribuyó a hacer grande y un referente moral en toda España en un partido irrelevante, con una dirección mediocre y acomplejada, que busca confundirse en el paisaje dominado por el nacionalismo del PNV y el mundo de ETA, como queriéndose hacer perdonar no se sabe qué culpas del pasado. Sólo de esa manera se explica que el diputado popular Antón Damborenea diga para justificar la foto dándole la mano y el acta de parlamentario a Casanova que es que no podía negarse a hacer lo que hizo. Aparte de que se me ocurren muchas cosas que podía haber hecho este diputado popular para no hacer lo que hizo, de algo estoy seguro: Gregorio Ordóñez hubiese actuado de una forma radicalmente distinta. Esa es, entre otras muchas, la diferencia entre el PP vasco de la época de Gregorio Ordóñez y el de ahora. Una diferencia que las urnas, elección tras elección, no hacen más que confirmar y subrayar, porque al paso que va, el PP de Quiroga corre el peligro real de ser una fuerza casi extraparlamentaria. Desde luego, en Guipúzcoa, el territorio de Goyo Ordoñez y ahora de Borja Sémper –sí, el que dijo que el futuro de Euskadi había que construirlo con Bildu–, está a un paso de conseguirlo.
Por todo ello, comparto plenamente el fondo y la forma del lamento que contiene la carta de Consuelo Ordóñez a su hermano. Decía antes que las víctimas del terrorismo han sido olvidadas, arrinconadas y en algunos casos vilipendiadas por las instituciones y por los poderes públicos. No se pude decir lo mismo de la inmensa mayoría de los españoles. Que los dirigentes políticos, no todos ciertamente, no quieran o no sepan comportarse, con hechos y no sólo con palabras, con las víctimas del terrorismo como estas se merecen tiene que ser compensado por el afecto, el reconocimiento y el agradecimiento de todos los ciudadanos a quienes sin ningún género de duda han sido y siguen siendo lo mejor de nuestra sociedad, su parte más noble, que han dado su vida por defender nuestra libertad.