La degradación institucional a la que el Gobierno social-comunista de PSOE-Podemos, con el apoyo de todos los partidos que quieren que España deje de ser España, está sometiendo al régimen constitucional del 78 es de tal magnitud y va a tanta velocidad que urge una reacción firme, contundente, serena, no sólo de los partidos de la oposición, también de eso que ha venido en llamarse la sociedad civil. De esta última forman parte todos los ciudadanos que deberían plantearse qué pueden hacer, cada uno en su ámbito social, para hacer frente a la deriva suicida en la que el Ejecutivo ha introducido al país.
En los últimos siete días, por acotar temporalmente los destrozos causados por este Gobierno, se han producido tres hechos a cuál más grave: el anuncio de que el Ejecutivo va a tramitar los indultos a los presos golpistas catalanes, la declaración de la líder de los socialistas vascos –una mandada de Sánchez– diciendo que es un hito el compromiso de los herederos de ETA, Bildu, con la gobernabilidad de España y el veto al Rey para que fuera a Barcelona, así como el posterior ataque de dos miembros del Gobierno del Reino de España –el vicepresidente Iglesias y el ministro Garzón– al Jefe del Estado. El primero de los hechos el Gobierno lo justifica diciendo que es lo que marca la ley, como si los ciudadanos fuéramos tontos y no pensáramos que este gesto, como otros, se debe a la necesidad que tiene Sanchez de atraerse los votos de ERC y Juntos por Cataluña para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
A los que venimos manteniendo desde hace tiempo que Sánchez tiene un plan que va ejecutando paso a paso y que tiene como objetivo la destrucción del régimen constitucional del 78, Monarquía incluida, no nos sorprende nada de lo que está pasando, aunque sí puede llamar la atención la velocidad imprimida. Sánchez es por tanto el principal responsable, el que buscó el pacto con Podemos, el que permite a los de Iglesias atacar al Rey, el que busca el acuerdo con los herederos de ETA, en Navarra o en el Congreso, y el que quiere una mesa de negociación con los independentistas catalanes.
De los hechos acaecidos en los últimos siete días, quizás el de mayor gravedad haya sido el veto y los ataques a Felipe VI por parte del propio Gobierno. Pero seguramente ni Sánchez ni Iglesias contaban con el malestar que hubo, por ejemplo, en el seno del Consejo General del Poder Judicial, plasmado en las palabras pronunciadas por su presidente, Carlos Lesmes, en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, o en el “¡Viva el Rey!” que de forma tan espontánea como acertada pronunció un vocal del Consejo presente en dicho acto. Sanchez e Iglesias saben perfectamente que el Rey es a día de hoy el principal muro de contención con el que cuenta el sistema democrático para hacer frente a los intentos de aniquilación de la Constitución, y de ahí que se lo quieran quitar de en medio. Para ellos no es el Jefe del Estado; es, lisa y llanamente, un obstáculo a eliminar.
Pero no se puede dejar solo al Rey en esa tarea de defensa del régimen constitucional. La situación es de tal gravedad que hace falta, por ejemplo, que los partidos de la oposición cambien el guion de su actuación. No se puede entender que en las actuales circunstancias los puentes entre los dos principales partidos del espectro del centro-derecha, PP y Vox, prácticamente no existan, más allá de la buena relación personal que tengan sus respectivos líderes. Es la hora de la generosidad por parte de ambas formaciones políticas –Ciudadanos ni está ni se le espera, después del incomprensible enredo en el que se ha metido el partido de Arrimadas–, y de pensar en España más que en sus cortos intereses partidistas.
Es muy difícil que el centro-derecha gane unas elecciones generales si vuelve a concurrir dividido a las urnas. Eso lo sabe hasta un niño de preescolar. Y hace falta también que los agentes sociales se activen para defender la democracia, la Constitución y los logros de la Transición, que este Gobierno suicida e irresponsable quiere liquidar.