El proyecto de Sánchez de demolición del régimen constitucional, unido a un profundo cambio social, con iniciativas legislativas como la eutanasia, la ley trans, la de memoria democrática, no cambia un ápice con la remodelación llevada a cabo en la parte socialista del Gobierno.
Los medios de comunicación y los comentaristas podemos entretenernos mucho intentando averiguar por qué ha decapitado a su núcleo duro –Calvo, Ábalos, Redondo–; por qué ha destituido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fiel servidor en la cuestión de los indultos a los políticos catalanes presos; por qué ha rebajado de rango a Iceta, trasladándole de una cartera con cierto contenido político, la de Política Territorial y Función Pública, en la que no llevaba ni seis meses, a un ministerio, el de Cultura y Deporte, de menor peso.
Se puede especular sobre estas y otras derivadas de la remodelación llevada a cabo por el presidente del Gobierno, pero al final la conclusión no puede ser otra que la de que nos encontramos con un Ejecutivo al servicio de Sánchez y de sus particulares y especiales intereses políticos.
Es verdad que los cambios han puesto en evidencia la presión que sigue ejerciendo el sector podemita del Gobierno sobre su presidente y la necesidad que tiene este de los 35 escaños morados, porque es llamativo que no haya tocado a ninguno de sus ministros, cuando algunos –pongamos por caso a Garzón y a Castells– deberían estar hace tiempo en su casa por haber demostrado un alto nivel de incompetencia para el desarrollo de sus funciones.
También son reveladores de las verdaderas intenciones de esta remodelación gubernamental los profundos argumentos expuestos por el Presidente para presentar al nuevo Ejecutivo: se baja la media de edad de los 55 años a los 50 y crece el número de ministras, superando con creces al de hombres. ¿De la competencia para desarrollar sus funciones, de su experiencia política o de gestión dijo algo Sánchez? No. Se limitó a subrayar el municipalismo de tres de las nuevas integrantes del Consejo de Ministros, como si eso asegurara que están capacitadas para asumir sus nuevas responsabilidades.
Sánchez es consciente del desgaste que está sufriendo desde hace tiempo por diversos motivos: los apoyos que tiene –independentistas catalanes, herederos políticos de ETA–, buscados y queridos por él; la gestión de la pandemia; los indultos a los políticos presos que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña; el acercamiento de los presos de ETA a cárceles ubicadas en el o cercanas al País Vasco y su indisimulado afán de permanencia en el poder, lo que le lleva a supeditar todo a ese fin.
Lo resumió muy bien la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado viernes, después de entrevistarse con el presidente del Gobierno en la Moncloa: "Si Sánchez sigue por este camino, tocará decidir o su futuro o el de España". Es exactamente así. El pasado 4 de mayo, los madrileños ejercieron de avanzadilla en la toma de esa decisión y le propinaron una sonora bofetada política. Todas las encuestas a nivel nacional publicadas después de las elecciones autonómicas madrileñas coinciden en que, si hubiera ahora elecciones generales, el PP estaría en condiciones de gobernar, eso sí, con el apoyo de Vox.
La carta que tiene Sánchez consiste en elegir el momento para ejercer la competencia que le reconoce la Constitución de disolver las Cortes y convocar elecciones. Con las encuestas, no las adelantará –tocan a finales de 2023– e intentará ganar todo el tiempo que pueda. Permanecer en el poder es su objetivo. A ello supedita todo lo demás, incluidos los cambios que tenga que hacer en las personas que le acompañan en ese proyecto suicida para España.