Si llegar al poder de manos de un partido de ideología comunista como Podemos; de partidos catalanes que quieren romper España como el PdeCat y ERC; de quien ha sido desleal con el régimen constitucional del 78 como el PNV y de los amigos de ETA, como Bildu, no fuera suficiente para retratar al personaje, lo sucedido desde que está en la Moncloa no deja lugar a dudas. Pedro Sánchez preside un Gobierno de frente popular-populista-nacionalista con un claro objetivo: la ruptura de ese régimen constitucional que se alumbró tras la muerte de Franco y que tiene entre sus pilares fundamentales la libertad individual, la unidad de la Nación y la Monarquía constitucional.
Sánchez tuvo la habilidad hace cuatro meses de aprovechar un clima político de rechazo a Rajoy para sacar adelante su moción de censura, con la promesa de convocar en un breve plazo de tiempo elecciones generales. No es seguro que cambiara de criterio tras pisar la Moncloa; más bien hay que pensar que en su estrategia ya tenía decidido aguantar en el poder todo lo que fuera posible hasta agotar la legislatura, que finaliza en junio de 2020. Y a eso ha supeditado todo.
Con sólo 84 escaños –el peor resultado del PSOE–, ahí tenemos a este personaje encaramado al poder, haciendo clara dejación de sus funciones en la cuestión capital que tiene planteada España desde hace ya un cierto tiempo: el desafío secesionista de quienes hoy gobiernan en Cataluña. Se podrá poner Sánchez como quiera, pero el líder del PP, Pablo Casado, solo se limitó la pasada semana en el Congreso a constatar un hecho: el actual presidente del Gobierno es, por acción y por omisión, un colaborador necesario del golpe de Estado que los Puigdemont, Torra y compañía están dando desde Cataluña.
Sólo desde esa postura colaboracionista con los golpistas se explica que Sánchez tenga la desfachatez antidemocrática de decir públicamente que él cree que no hubo delito de rebelión en la actuación de los cabecillas políticos del golpe que ahora están en prisión o huidos de la Justicia. La cuestión no es sólo que hace cinco meses dijera todo lo contrario en una entrevista en televisión, sino que el máximo responsable de uno de los tres poderes del Estado no puede entrometerse y presionar de esa manera a otro de esos poderes. Si además esa opinión la expresa cinco días después de que Pablo Iglesias, a la salida de su reunión con Junqueras en la cárcel, manifestara que ahora le tocaba mover ficha al Gobierno, pues entonces verde y con asas.
Y como Sánchez actúa sin ningún tipo de límites, con tal de permanecer en el poder para ganar tiempo y consolidar ese frente popular-populista-nacionalista, tuvo el cuajo de acusar en el Congreso a Casado y a Rivera de ser dos políticos "sin escrúpulos". Que bien viene el refranero español en estos casos: "Cree el ladrón que todos son de su condición".
Es evidente que el actual presidente del Gobierno y el proyecto frentista que le aupó al poder son un mal para España desde cualquier punto de vista: moral, social, económico, institucional. De ahí que cobren una especialísima importancia las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo del próximo año. Si, debido al resultado de esas elecciones, se consolida en las comunidades autónomas y en los principales ayuntamientos ese frente popular-populista-nacionalista, eso llevará a nuestra Nación a una situación de enorme gravedad. Por eso es tan importante que los españoles sean conscientes de la trascendencia del momento y que se movilicen en las urnas votando a opciones políticas que defiendan lo que los que ahora gobiernan quieren destruir, que es, vuelvo a decirlo, la libertad individual, la unidad de la Nación y la Monarquía.