El 19 de diciembre, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, lo dijo con toda la claridad de la que es capaz: "No está previsto que desde ERC nos volvamos a sentar con el PSOE hasta que no sepamos lo que piensa el PSOE sobre esta sentencia y qué valoraciones hace, qué dice y qué hará la Abogacía del Estado". Cuando el partido separatista del que pende la investidura de Sánchez establece, copulativa mediante, que el partido gubernamental ordena y manda en la Abogacía, lo suyo es despejar de inmediato la duda que siembra la cópula. Sencillo era. Bastaba decir lo contrario de lo que Sánchez dijo sobre la Fiscalía.
Entonces dijo con mala uva: "¿La Fiscalía de quién depende? ¡Pues ya está!". Aquí había que decir: "La Abogacía del Estado no es la Abogacía del Gobierno. Ya está. No hay más que hablar". Puestos a dar lecciones, algo que al socialismo suele gustarle, podía haber exhortado a los de la Esquerra a aprenderse, de una vez, que las instituciones de un Estado no son muñecos de ventrílocuo del Gobierno de turno. Esto, en modo suave. Lo razonable era mandarlos a freír puñetas. Y si con ello se mandaba al mismo lugar a la investidura, valía la pena. Preservar el crédito de las instituciones que sostienen el entramado normativo de un Estado democrático es más importante que formar Gobierno.
Diez días pasaron. En vano. Ni una aclaración, ni un desmentido. Se estaba presentando en sociedad a la Abogacía del Estado como Abogacía del Gobierno en funciones; más aún, como Abogacía de la Investidura de Sánchez, y ni una sola palabra socialista se destinó a deshacer el equívoco. ¿O no era equívoco? Nada hubo, salvo la nada con sifón de la portavoz Celáa, negando presiones a última hora, cuando el pescado ya estaba vendido. Tan vendido que el lote se le dio a conocer a la Esquerra antes de mostrarlo en público para ver si compraba. Ábalos dice que no se filtró. Pero después de dejar correr la especie de la sumisión de la Abogacía al Gobierno, quién podrá creerle.
El separatismo estará contento. No necesariamente por el resultado, pero sí por el daño hecho en el procedimiento. Nada le complace más que debilitar nuestras instituciones. Cuando reclaman que el Gobierno eche atrás decisiones judiciales, cuando exigen que el poder político dé instrucciones a los Tribunales, a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado no lo hacen por ignorancia. No sólo. Quieren, y es lógico que lo quieran dado su proyecto disruptivo, que cunda el desprestigio de las instituciones. Quieren demostrar a su público, y al resto, que en España el Estado falla o es, directamente, Estado fallido. Y quieren demostrar su poder. Que son capaces de doblar el brazo de las instituciones. Que pueden doblar el brazo del Estado, doblando previamente el más accesible y flojo del Gobierno.
Al permitir que se representara que la Abogacía está al ordeno y mando del Gobierno, los socialistas han satisfecho todos y cada uno de esos deseos separatistas. La institución perjudicada en el cambalache es una, sólo una, por lo que podrán pensar en el Gobierno en funciones, y en el partido sin función, que es un precio módico por la abstención de Esquerra. Pero no se engañen: el deterioro afecta siempre al conjunto. Aunque poco importará desde la óptica partidista dominante, donde las instituciones son algo así como el servicio.