Cuando escribo estas líneas son ya siete las cartas amenazantes recibidas por dirigentes políticos, si incluimos a Zapatero, ex dirigente. No es improbable que aparezcan más en los próximos días. La experiencia indica que, al dar publicidad a este tipo de mensajes, lo esperable es que surjan imitadores o que, si se trata del mismo autor, la publicidad que ha conseguido le incite a la repetición. Y en materia de cartas amenazantes a dirigentes políticos se dispone de una amplia experiencia.
En algunos países se da, en ocasiones, algo de información sobre el número de cartas o mensajes de amenaza que reciben los políticos. Se sabe, por ejemplo, que los presidentes de Estados Unidos suelen recibir varios miles al año. En el Reino Unido, la policía informa del número de amenazas enviadas a miembros del Parlamento y denunciadas, que suele estar, en los últimos años, en varios centenares. Sería interesante saber cuántos mensajes amenazantes reciben, cada año, los políticos españoles, pero ese dato no ha acompañado a la difusión de las noticias sobre las que han centrado la atención estos días. Y la han centrado porque los primeros receptores quisieron hacerlas públicas para exigir que otros partidos las condenaran y, sobre todo, para señalar como culpable o instigador a un partido determinado.
Los responsables de seguridad son conscientes del efecto copycat que tiene publicitar este tipo de mensajes, pero en el Ministerio del Interior de Marlaska han prevalecido los criterios políticos frente a los profesionales. Si lo que preocupa es la seguridad de los políticos, es un error de libro haber sacado esas cartas en todos los periódicos y cadenas de televisión. Pero se vio en ellas, inicialmente, una oportunidad política en medio de una campaña electoral, la de Madrid, y ya no se paró en barras. Abierta la espita, ahora ya no queda otra que publicitarlas todas.
La veta política que se ha pretendido explotar publicando las cartas ha llevado incluso a publicar la identidad del autor de una de ellas, que padece una enfermedad mental. Que la padece "supuestamente", según la noticia del diario Público, que es el que ha revelado esa identidad, eso sí, sin el nombre de pila, aunque con todo lo demás: apellidos, lugar de residencia y árbol genealógico. De manera que, por seguir exprimiendo políticamente el asunto, se ha puesto negro sobre blanco la identidad de una persona con un trastorno mental, que envió una de las cartas con su propio nombre.
¿Era necesario? Para el diario que quería titular que había un parentesco con un diputado, lo era. Para todo lo demás, no. Ahora, el diario se cubre alegando que también el asesino de Kennedy tenía un trastorno. ¡Cuidado con los que tienen trastornos de salud mental!, vienen a decir. Y esto poco después de que la izquierda en pleno diera una lección moral de las suyas cuando, en marzo, un diputado del PP, mientras hablaba Errejón, dio un grito que se tomó como gravemente ofensivo para las personas con trastornos de salud mental. A ver si fue otra lección de doble moral.